Varias dependencias gubernamentales avalaron en una audiencia legislativa el Proyecto del Senado 280, que busca establecer un protocolo de acción interagencial para atender el manejo de querellas y la reubicación de ancianos viviendo en condiciones infrahumanas.

El proyecto fue presentado por la senadora popular Rossanna López, y fue aprobado el pasado 24 de junio, tras una revisión de su contenido. La comisión cameral de Bienestar Social y para la Erradicación de la Pobreza que preside la representante Luisa “Piti” Gándara, evaluó este martes la medida senatorial.

El P del S 280 recibió el apoyo y el rechazo en mayo pasado, pero este martes fue endosado por la Oficina del Procurador de las Personas Pensionadas y de la Tercera Edad (Oppte), la Comisión de Derechos Civiles, el Departamento de la Familia y la Administración de Seguros de Salud (ASES).

“Es urgente establecer con fuerza de ley un protocolo efectivo que nos permita atender los casos en que nuestros ancianos necesitan de ayuda urgente para garantizar condiciones de vida digna”, dijo Gándara antes de dar inicio a la vista pública.

Durante la audiencia en mayo pasado, la Oppte no avaló la medida argumentando que ya tiene un protocolo en funciones para atender estos casos. Además, se indicó que 12 agencias gubernamentales se comprometieron a seguir el protocolo.

No obstante, en la misma vista pública, celebrada en mayo pasado, una funcionaria de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) indicó que el protocolo, en efecto existía, pero que no era respetado por las agencias.

Y a eso precisamente se refirió la senadora López al comentar a este medio que sometió la medida para terminar con el “pimponeo” de las agencias a la hora de asumir responsabilidad.

Durante la mañana, las abogadas Meilynn Ramos, ayudante especial de la procuradora Concepción Silva, y Mireily Maysonet, directora de la División Legal de Oppte, cambiaron de opinión de mayo pasado, y ahora aprobaron la medida.

“Una vez evaluado el texto aprobado de la medida que nos ocupa, avalamos su aprobación, no sin antes recomendar que se consideren las enmiendas que le anejamos”, lee la ponencia de la Oppte.

Según las funcionarias de la Oppte, el organismo le ha dado seguimiento especial a que cada una de las agencias firmantes del protocolo identifique a una persona enlace y a la coordinación de adiestramiento para este personal.

El Departamento de la Familia también avaló la medida, aunque recomendó un estudio más extenso del tema porque la agencia ya cuenta con un protocolo, utilizado por el Programa de Adultos de la Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos de la Administración de Familias y Niños (Adfan).

La abogada Rosa M. Rodríguez, portavoz de la Comisión de Derechos Civiles, explicó que el apoyo del organismo al que representa va de la mano de la recomendación de que se establezca una cláusula penal.

“Nos preocupa su carencia de una cláusula penal para la adecuada protección del grupo que pretende salvaguardar. El incumplimiento debe generar algún tipo de responsabilidad civil o criminal ya sea personal, institucional o gubernamental”, dijo Rodríguez.

Datos estadísticos del Censo 2010, presentados por la Oppte, colocan a la población de personas de 60 años o más en sobre 760,000 o un 20.4% de la población total de la Isla.