Apoyan gestiones para que se exima a la Isla de Leyes de Cabotaje

Por Antonio R. Gómez 01/27/2014 | 05:13 p.m.
La presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lassén, sostuvo que “la aplicación de las leyes de cabotaje son una violación a los derechos humanos de los puertorriqueños”.
Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico (angel.rivera@gfrmedia.com)  

Los Colegios de Abogados y de Contadores Públicos Autorizados se opusieron este lunes a la aplicación de las leyes de cabotaje de Estados Unidos a Puerto Rico y apoyaron las gestiones que se realicen para que se exima a la Isla de las mismas.

La presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lassén, sostuvo que “la aplicación de las leyes de cabotaje son una violación a los derechos humanos de los puertorriqueños”, en ponencia que presentó ante la Comisón de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado.

Argumentó Rivera Lassén que “el razonamiento teórico que emana de la oposición a la aplicación de la Ley Jones es la restricción al libre comercio entre naciones”.

La portavoz de los abogados colegiales entregó copia de un informe que preparó la entidad en el 2012 y que concluye que es necesario eximir a Puerto Rico del peso de estas leyes federales.

“Esta ley ha sido señalada como un instrumento que no se adapta a las exigencias del nuevo escenario mundial”, aseguró.

“Además, en el caso de Puerto Rico, este estatuto federal equivale, a su vez, en un impuesto en la transportación marítima de mercancías que Puerto Rico compra y vende a los Estados Unidos de América”, dijo al citar el mencionado informe.

Rivera Lassén propuso establecer “un frente común entre los sectores y formalmente solicitarle al gobierno de Estados Unidos que exima a Puerto Rico de las restricciones de la Ley Jones, de manera que se armonicen las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con la política de transportación marítima internacional, de la cual Estados Unidos es consignatario”.

Recomendó además utilizar la experiencia de la lucha de Vieques para integrar a la sociedad civil puertorriqueña en esa campaña.

Por su parte, el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Aníbal Jover Pagés, recordó que “hace varios años hemos expresado nuestra posición a favor de la derogación o exclusión de Puerto Rico de la aplicación de las Leyes de Cabotaje” y que la misma prevalece desde el 2006, cuando una asamblea de la entidad aprobó, por unanimidad, una resolución a esos fines.

“Ante la situación económica que enfrenta nuestro país, es necesario movilizarnos en una sola voz para apoyar todo esfuerzo que pueda hacer de Puerto Rico un lugar atractivo para hacer negocios y fomentar así nuestro desarrollo económico como país”, sostuvo.

Recalcó Jover que “avalamos este tipo de iniciativa que abra paso a la libre competencia y los mercados abiertos”.

La presidenta de la comisión senatorial, la senadora Rossana López León, destacó, mientras tanto, “que este asunto es trascendental en el momento económico que vivimos, pues si existe un potencial oculto tras esta restricción, entonces tenemos que acudir a los foros pertinentes, más allá del Congreso de los Estados Unidos, para que Puerto Rico quede exento de las mismas en un futuro cercano.”

Con la aplicación de las Leyes de Cabotaje, Puerto Rico está obligado a utilizar solamente la flota mercante de estadounidense en su comercio marítimo con Estados Unidos.