Apoyan revertir cambios de Fortuño en directiva de la Asociación de Empleados del Gobierno

Por Alba Y Muniz Gracia / alba.muniz@gfrmedia.com 03/22/2013 | 03:34 p.m.
El senador Ángel Rosa explicó que, de aprobarse la medida, los nueve miembros nombrados por el gobernador y la Legislatura en el 2011 quedarían fuera de la directiva automáticamente. (joserodriguez@gfrmedia.com)  
La vicepresidenta de la Asamblea de Delegados de la Asociación, Mirthia Cruz Cabrera, calificó esos cambios como "un ejercicio burdo y tiránico de poder".

La derogación de los cambios hechos por la pasada administración en la composición de la directiva de la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico contó hoy con el apoyo de la Asamblea de Delegados de esa entidad y de un exdirector ejecutivo de la institución, que agrupa a los empleados públicos.

El proyecto de ley, que en el Senado lleva el número 483, derogaría la Ley de la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico y revertiría los cambios hechos en esa organización durante la administración del ahora exgobernador Luis Fortuño, que introdujeron nueve miembros nuevos en la Junta de Directores, le restó poder a los delegados y cambió el nombre de la organización, que tenía "Estado Libre Asociado" en su título.

La vicepresidenta de la Asamblea de Delegados de la Asociación, Mirthia Cruz Cabrera, calificó esos cambios como "un ejercicio burdo y tiránico de poder" que cambió el balance de fuerzas dentro de la Asociación de Empleados y lo concentró en un pequeño grupo de personas.

"Esta ley invalidó la voluntad de los socios expresada en el proceso de elección de delegados del 26 y 30 de abril de 2011, al aumentar la Junta de Directores de 17 a 26 directores, con nueve directores nombrados por el gobierno de turno y por un término mayor al que tendría los directores debidamente electos por sus pares", expresó Cruz Cabrera durante una vista pública de la Comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica.

"La intervención gubernamental es de tal magnitud que actualmente los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de la junta de directores los ocupan los nombrados por el gobierno... Esas nueve personas, que no se sometieron al escrutinio de los socios en el proceso de elección, deciden hoy lo que pasa con los ahorros y beneficios de todos los socios", agregó.

Esta es la primera vista pública que la comisión, presidida por el senador Ángel Rosa, realiza en torno al proyecto. El legislador, que se encuentra en su primer cuatrienio, indicó que esta sería la única vista pública y adelantó que espera tener listo un informe sobre el proyecto para la semana próxima. Asimismo, explicó que, de aprobarse la medida, los nueve miembros nombrados por el gobernador y la Legislatura en el 2011 quedarían fuera de la directiva automáticamente.

La ley que esta administración busca derogar fue oficializada el 22 de julio de 2011, cuando el entonces gobernador la convirtió en la Ley 144. "Semanas después, tanto el gobernador como el presidente del Senado y la presidenta de la Cámara nombraron los nueve miembros de la Junta de Directores. La Ley 144 subvirtió el gobierno interno de la Asociación y despojó a los socios de su derecho de gobernar y administrar la Asociación mediante la elección de sus representantes en un proceso democrático", indicó Cruz Cabrera.

Pablo Crespo Claudio, exdirector ejecutivo de la organización, también favoreció el proyecto 438; que además de derogar el estatuto vigente, crea la nueva Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013";

"En los tiempos cada vez más difíciles que vivimos y en los que se avecinan, creo firmemente que estamos a tiempo para echar mano del potencial de instituciones probadas y exitosas como AEELA. Puerto Rico tiene serios problemas. La Asociación ha sido y debe reconocerse y utilizarse como parte de la solución y modelo de autogestión y superación para el país y para el mundo porque hemos demostrado ser parte vital de la gran fuerza que mueve a Puerto Rico", expresó Crespo Claudio.

Por su parte, el director ejecutivo actual, Arnaldo Ortiz, expresó su oposición al proyecto y cuestionó los intereses de las personas que lo impulsan. "Con el mismo regresaríamos al pasado y se restituirían los fundamentos legales que fueron rechazados por los tribunales y nos devolverían al arcaico sistema de AEELA", indicó.

"El capital de nuestros socios, que ha crecido consistentemente tras los recientes cambios de nuestra ley, podría verse como codiciado botín para muchos. Nos resulta curioso que en tiempos de estrechez económica se cambie la norma de cómo se administran los asuntos de la Asociación", agregó Ortiz.