El Senado aprobó nuevamente este lunes el proyecto que reduce las multas por violaciones al Autoexpreso y extiende los plazos para recargar las tarjetas de pago, tras solicitarse una reconsideración de la medida con el objetivo de introducirle una nueva enmienda.

La enmienda en cuestión es para permitir que las mencionadas multas se paguen en bancos, cooperativas y en los municipios que estén facultados para ello. 

El objetivo del cambio, según explicó el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, durante la sesión, es facilitar a los ciudadanos el pago de estas penalidades, particularmente en municipios donde no hay colecturías disponibles.

La medida reduce de $100 a $15 la multa, extiende a 72 horas el periodo para recargar sin ser multado y establece además una amnistía de 90 días para solicitar revisión de multas acumuladas, así como un descuento para el pago de aquellas que prevalezcan.

El Senado aprobó también en su sesión de hoy la Resolución 41 radicada por el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Larry Seilhamer, para solicitar al Congreso de Estados Unidos y al Presidente Barack Obama la aprobación de la legislación que radicó el Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, para que se incluya la Isla en el Capítulo 9 de la Ley de quiebras estadounidense. 

La medida expresa el apoyo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a dicha iniciativa, que concedería al Gobierno local, el mismo poder que tienen las legislaturas estatales para permitirle a corporaciones públicas insolventes reestructurar sus deudas bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

Votaron en contra de la resolución los senadores Cirilo Tirado, María de Lourdes Santiago, Thomas Rivera Schatz y Margarita Nolasco. 

Se avaló también un proyecto que enmienda la Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada para ordenar al Departamento de la Familia a publicar, en su página de Internet y a través de un rotativo de circulación general en el País, la lista de los establecimientos a los cuales se les ha expedido la licencia correspondiente y que estén operando.

En su Exposición de Motivos se indica que el Departamento de la Familia tiene la responsabilidad ministerial de inspeccionar y licenciar aquellos establecimientos que reúnen los requisitos aceptables para el cuido de personas de edad avanzada. Agrega que el problema surge cuando la lista de establecimientos licenciados para operar no se promulga para conocimiento y beneficio de la comunidad en general. 

También se aprobó una Resolución Conjunta que ordena al Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a someter una evaluación del cumplimiento por parte de las agencias, municipios e instrumentalidades gubernamentales de las disposiciones contenidas en la Ley para crear el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar. 

Otro proyecto avalado en la sesión senatorial de hoy enmienda la Ley de la Sede Oficial del Museo Pablo Casals, para otorgarle la facultad a la Corporación de las Artes Musicales para designar subsedes del Museo Pablo Casals.

La Resolución del Senado 882 ordena, por otra parte, a la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo, realizar una investigación sobre los protocolos, servicios, planes educativos y de intervención por parte del Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para los estudiantes que presentan la condición de Dislexia y sobre el cumplimiento de las regulaciones federales por parte de la agencia en cuanto a la integración de estos estudiantes en el sistema público de enseñanza.

La Resolución del Senado 1000 ordena mientras tanto a la Comisión de Educación, Formación y Desarrollo del Individuo, realizar una investigación sobre las necesidades actuales de las personas con impedimentos auditivos severos que reciben servicios educativos a través del Departamento de Educación, así como el proceso para certificar adecuadamente intérpretes del lenguaje de señas en Puerto Rico.

Durante la sesión de hoy se confirmó además los nombramientos de Dalinés Hernández Contreras, como Procuradora de Asuntos de Menores y Janice M. Bernal Maldonado, como Procuradoras de Asuntos de  Familia.