En Puerto Rico, sobre un millón de conductores tienen multas vencidas en los registros del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que, si fueran pagadas, allegarían al fisco cerca de $653 millones. 

Esos datos fueron recopilados por la Comisión cameral de Transportación, Infraestructura y de Recreación y Deportes, y sirvieron de base para que este lunes la Cámara de Representantes aprobara en pleno un proyecto de ley que concedería como incentivo para el pago de las multas acumuladas un 60% de descuento en el monto de la infracción y de los recargos aplicables. 

El Proyecto de la Cámara 2748, de la autoría del representante popular Ramón Cruz Burgos, fue avalado con el voto de las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP), y con la única abstención de la portavoz de la minoría, Jenniffer González. 

La pieza concedería el descuento de 60% durante los primeros 90 días de vigencia del programa para el pago acelerado de multas, y durante los 90 días siguientes el beneficio se reduciría a 10%.

Al defender la medida durante la sesión legislativa, Cruz Burgos señaló que la propuesta no solo incluye la amnistía, sino que provee también mecanismos para evitar que la ciudadanía acumule cantidades impagables de multas de tránsito.

Mencionó que ha sido práctica habitual que las personas pagar las infracciones cuando van a renovar su licencia de conducir, y para ese entonces, el monto adeudado podría ser tan alto que les resulta imposible cumplir esa obligación.

“Hay que otorgar un mecanismos que atraiga y que funcione. Si comparamos las amnistías anteriores, la efectividad de esas amnistías ha sido de 13%, y cuando comparamos la amnistía del AutoExpreso fue de 85%”, resaltó Cruz Burgos durante el debate legislativo.

Según el legislador popular, la amnistía en las multas de AutoExpreso cumplió su cometido, pues no solo era un descuento significativo, sino que se proyectó como una última oportunidad para conceder el beneficio, pues luego se modificaría el sistema de penalidades. 

La propuesta del representante contempla algo similar, pues establece medidas para evitar que las multas de una persona sobrepasen los $500. Con ese objetivo, dispone que el secretario del DTOP deberá notificar a todo infractor que haya llegado a ese tope, y lo instruirá a acudir a una colecturía para que se acoja a un plan de pago. 

“El secretario podrá ordenar la suspensión de la licencia de conducir a toda persona que no se acoja al plan de pago aplazado”, advierte la legislación. 

El proyecto de ley igualmente persigue alentar el pago expedito de las multas al disponer que todo pago de multas -fuera del período de la amnistía- que se efectúe durante los primeros 15 días luego de expedido el boleto tendrá un 30% de descuento, y las que se salden en un término de 30 días gozarán de una rebaja de 20%.

La representante González se abstuvo en la votación al cuestionar la efectividad de otras cuatro amnistías que se han concedido en 11 años. Detalló que beneficios similares han sido legislados en el 2005, 2009, 2013 y tan recientemente como el año pasado.

La portavoz de la minoría parlamentaria dijo que el incentivo del 2013 generó en recaudos $30.5 millones, y el del año pasado produjo $18.8 millones. 

“En aquellas (amnistías previas), el descuento era solo de 35%. Ahora, cuando el descuento es mayor, el recaudo tiene que ser menor, mucho menor. Tanto la Oficina de Gerencia y Presupuesto como el Departamento de Hacienda mostraron reservas sobre esta amnistía, y en especial sobre la arbitrariedad y falta de análisis científico sobre los por cientos que se han elegido de esta amnistía”, argumentó González. 

Si la media, que ahora pasa ante la consideración del Senado, se convierte en ley, los recaudos estarían destinados en 75% al plan estatal de mejoramiento de carreteras, 15% al Fondo General, 3% a mejoras al sistema de informática del DTOP, y 2% para cubrir los gastos relacionados con las notificaciones que exige la propuesta legislativa.

La mayoría del PPD acogió a última hora una enmienda presentada por la representante del PNP Lourdes Ramos para dirigir 5% de los recursos al Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno.