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Bhatia le vota en contra porque el país debe ser pluricultural y María de Lourdes Santiago porque solo debería haber un idioma oficial.
La senadora Santiago se reafirmó en las expresiones de que el español “debe ser el único idioma oficial en Puerto Rico”. ([email protected])  

El proyecto de ley que declara el español como lengua oficial en Puerto Rico y el inglés, como segundo idioma, pasó hoy jueves, el cedazo del Senado.

El Proyecto del Senado 1177, de la autoría del expresidente del cuerpo legislativo, Antonio Fas Alzamora, se aprobó sin debate. La medida recibió 15 votos a favor de la mayoría popular y 11 en contra.

Se opusieron los ocho senadores que integran la delegación novoprogresista, así como el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, la senadora independentista María de Lourdes Santiago y el senador popular, José Nadal Power. Estos últimos tres anunciaron que someterían votos explicativos.


“No creo en una legislación donde el Estado imponga un idioma oficial, no lo he creído antes ni lo creo ahora. Dicha imposición limita a quienes quieran formar parte de un país y se vean limitados por una determinación de idioma oficial. Ya el autor Thomas L. Friedman ha dicho que ‘el mundo es plano’. En el Siglo 21 los esfuerzos gubernamentales deben ir dirigidos al pluriculturalismo, incluyendo la diversidad de idiomas”, dijo Bhatia en declaraciones escritas.

La senadora Santiago se reafirmó en las expresiones que virtió en el debate original de la medida. La legisladora independentista argumentó entonces que el español “debe ser el único idioma oficial en Puerto Rico”. 

La medida había sido aprobada a viva voz el pasado 25 de junio y en la votación final resultó derrotada (12-10 y tres abstenciones). Sin embargo, el Alto Cuerpo la reconsideró, la dejó como un asunto pendiente de discusión y se volvió a llevar a votación en la sesión de hoy, jueves.

El proyecto busca revertir el estado de derecho prevaleciente desde que se aprobó la Ley 1-1993, que denominó “indistintamente” el español y el inglés como idiomas oficiales en la Isla para los asuntos del gobierno.

La medida fijaría multas de entre $1,500 y $10,000 a los funcionaros que incumplan sus disposiciones.

“Fortalecer el español como idioma oficial es una manera eficaz de mantener nuestra identidad cultural y ser más prácticos con la realidad de los puertorriqueños”, señala la pieza en su exposición de motivos.

Sostiene, además, que la legislación “no es una del concepto de ‘español solamente’ (‘Spanish Only’), sino una medida legislativa pragmática y realista de ‘español primero’ (‘Spanish First’)”.

El proyecto se fundamenta en la premisa de que, en Puerto Rico, cerca del 80% de la población no habla ni entiende inglés.

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