La controversia principal es que Hacienda debe enviarle a los municipios de mayor población $372 millones como pago de las remesas por concepto de cuatro fuentes relacionadas con las contribuciones sobre la propiedad. Además, debe desembolsar alrededor de $380 millones al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) por concepto del Fondo de Subsidio a los Municipios.

O’Neill, quien es alcalde de Guaynabo, detalló en un comunicado de prensa que ese último fondo se conforma por el subsidio de las rentas netas internas ($228 millones), la Lotería de Puerto Rico ($50 millones), la contribución sobre la propiedad exonerada ($86 millones) y por las 20 centésimas de las tasas de la propiedad mueble e inmueble que el gobierno redujo a los contribuyentes ($16 millones).

“El meollo se encuentra en que el CRIM tiene que equipararle a los municipios con menos de 50,000 habitantes los ingresos sobre la propiedad recibidos en el año fiscal anterior, de acuerdo con la Ley 80 de 1991 y la Ley 7 de 2009… Se ha calculado en $380 millones los pagos que por ley Hacienda tiene que desembolsarle al CRIM para distribuirlo entre los municipios para el año fiscal en curso. Si el CRIM no recibe los fondos, la equiparación para los 61 municipios con menos de 50,000 habitantes tendría que salir de los fondos de los 17 municipios con mayor población”, expuso en declaraciones escritas.

Opinó que no cree justo que los municipios grandes no reciban su dinero por concepto de las remesas y también tenga que desembolsar una suma similar para que los pueblos de menor población obtengan sus fondos.

“Yo entiendo que no es justo. No es justo, porque si Maricao o Adjuntas reciben $2 millones, pues se siente a esperar esos $2 millones, pero nos crean un déficit a los municipios grandes, a San Juan, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo”, opinó.

Dijo, además, que “van a colapsar los municipios, (porque) 17 van a tener que pagar el fondo a los municipios (pequeños) para gastarlo y malgastarlo. Es momento de reducir los municipios. Los grandes no podemos seguir manteniendo los chiquitos”.

Ante esta controversia, O’Neill aceptó que los alcaldes afectados evalúan la posibilidad de entablar un pleito de clase en el que se exija, a través de los Tribunales, que se detengan las aportaciones que tienen que hacer los 17 municipios con más de 50,000 habitantes a los restantes 61 pueblos con menor población.