En un pequeño salón, atestado de pared a pared, representantes de armerías y practicantes de tiro al blanco se expresaron en contra de las enmiendas propuestas a la Ley de Armas en los proyectos del Senado 2, 4 y 9, presentados por el presidente del cuerpo, Eduardo Bhatia y Ramón Ruiz Nieves.

El licenciado Oscar Acarón, portavoz de la Asociación de Armeros, y José Barreras, miembro del Comité Interagencial para Combatir el Tráfico de Armas, se expresaron enérgicamente en contra de las medidas discutidas en una vista pública de la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos.

El Proyecto del Senado 2 propone que se haga obligatorio el documentar en un término improrrogable de cinco días toda transacción con un arma. El proyecto número 4 pretende que se inserte a la Isla en la Red Nacional Integrada de Información Balística mediante la creación de imágenes de casquillos recuperados en escenas del crimen.

Mientras que el Proyecto del Senado 9 busca prohibir la venta de municiones entre el 1 de noviembre al 7 de enero de cada año.

De entrada Acarón y Barreras indicaron que la Ley de Armas tal y como está actualmente es “inconstitucional” y además catalogaron los proyectos como medidas de hostigamiento a los dueños bonafide de un arma de fuego.

Destacaron que si las enmiendas van dirigidas a combatir el crimen no servirán de mucho ya que la inmensa mayoría de los delitos con armas de fuego se realizan con armas ilegales.

Sobre la creación del banco de imágenes, Acarón y Barreras manifestaron que sería inútil, además de costosísimo para el país. Trajeron como ejemplo los estados de Maryland y Nueva York en los que ya se ha hecho, pero en los que, alegadamente, solo han logrado una convicción.

“La experiencia que ha tenido Nueva York y Maryland es que las armas que tienen registradas no comenten delitos y por lo tanto no les ha sido útil”, dijo Acarón.

Sobre este punto, Carmen S. Suliveras, ayudante especial de la directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Edda L. Rodríguez, aceptó que de realizarse el banco de imágenes sería de una red local, ya que no se podrían entrar datos al Sistema IBIS Brasstrax, utilizado por el ICF, para entrar los datos recopilados de un casquillo en una escena del crimen. El sistema de balística IBIS es manejado por la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el mismo solo se puede utilizar para casos criminales.

Los deponentes también pusieron el grito en el cielo con la veda que les prohibiría vender municiones por dos meses.

“Eventualmente las va a quebrar (las armerías)”, subrayó Acarón, mientras explicaba que el periodo de venta mayor de estos negocios es precisamente en los meses que quedarían vedados.

Según Acarón, una armería puede vender entre $400,000 y $500,000 en esos meses porque son la época de cacería y además porque es cuando la gente coge su “bono y puede hacer su comprita”.

Aseguró, también, que “si la pretensión es de secar el mercado para que no haya la posibilidad remota de que un atorrante, un malsano, haga un disparo al aire y le pegue a una persona, eso es imposible porque municiones hay todo el año”.

Careo entre Bhatia y los deponentes

El presidente del Senado criticó la negatividad de los deponentes y les aseguró que no se dejará intimidar por ningún grupo que quiera evitar que se trabaje por solucionar el problema del crimen.

“No estoy aquí con una agenda antiarmeros, jamás la he tenido, pero la posición de no, no, no a todo no puede ser”, dijo Bhatia.

“Aquí hay un problema serio en este país. La invitación mía es a sentarnos a hablar sobre esto de una forma que no puede ser "no" a todo en un momento de una gravedad seria. La actitud tienen que ser distinta”, agregó el presidente senatorial.

En un momento dado, Barreras indicó que las propuestas le dan miedo, entre otras cosas, por que no se establece en la exposición de motivos cómo se harían, ni quién las costearía, entre otra información.

A lo que Bhatia lo invitó “a que usted no los escriba y nos diga cómo se hace. Esa es su enmienda”.