La derogación de la Ley 80 tendrá un efecto catastrófico sobre la economía y provocará una ola de despidos, así lo denunció la organización Somos, en defensa de los miles de trabajadores del sector privado que serán directamente afectados por la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal que se debate en la Legislatura.

La organización se expresó por escrito ante la Asamblea Legislativa citando estudios y referencias –como el Centro para la Nueva Economía (CNE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)– que estiman que este tipo de medidas son perjudiciales para la clase trabajadora y para la economía en general, comunicaron en un parte de prensa.

“En el año 2016, el FMI concluyó que la eliminación de protecciones laborales provoca una ola de despidos que debilita la demanda agregada y retrasa la recuperación económica. Contrario a la contención de la Junta, la derogación de la Ley 80 de1976 estimulará los despidos en Puerto Rico y su efecto sobre la economía será catastrófico”, expresó Manuel Rodríguez Banch.

Somos, que tiene como objetivo proveerle una alternativa a las trabajadoras y trabajadores del sector privado en áreas de difícil organización tradicional, se unió a los opositores de la medida impulsada por la Junta federal que controla las finanzas del País, para despojar a los trabajadores de su derecho a recibir una indemnización por parte de los patronos si los despiden sin justa causa.

“No existe garantía alguna de que la reducción de los derechos de la clase trabajadora se traduzca en un aumento de la inversión productiva. Al contrario, lo que sí puede predecirse es que la reducción de la legislación protectora y los derechos laborales tendrá un efecto depresivo en una economía profundamente deprimida”, señaló en la ponencia el abogado y asesor de la organización.

Desde que se presentó la llamada Reforma Laboral, la organización inició una campaña educativa denominada “Se nos va la Vida”, sobre las consecuencias que el plan del ente impuesto por el Congreso causará en los asalariados del sector privado y los pensionados.

La organización también rechazó en su ponencia otros cambios laborales que, tarde o temprano, la Junta pretende que se legislen, como el bono de Navidad, considerado como parte del salario de los trabajadores. Criticó, además, que los aumentos al salario mínimo excluyan a los menores de 25 años.

“La clase trabajadora en Puerto Rico enfrenta las peores condiciones en nuestra historia reciente. Esta situación es mucho más grave para aquellas personas que trabajan en la industria de servicios, en el comercio al detal, en las artes y el entretenimiento, para quienes la negociación colectiva, aunque disponible formalmente, es una aspiración cada día más difícil de alcanzar”, dijo el abogado Rodríguez Banch.

La enmienda propuesta también reduce la compensación por represalias o daños, que tiene como objetivo social proteger a aquellas empleadas y empleados que denuncian a sus patronos cuando estos violan las leyes del País. “Esta enmienda, de aprobarse, será un disuasivo para los empleados, pues estarán desprovistos de protección si deciden cooperar con las investigaciones de las agencias gubernamentales”, indica la ponencia.