Sin realizar subasta y de forma súbita, el Departamento de Educación (DE) concedió un contrato a la firma Intelutions -una empresa relacionada con el Partido Nuevo Progresista (PNP)- para que implemente un nuevo sistema de recolección de datos del programa de educación especial.

Así lo denunció esta mañana la portavoz del Comité Timón de Madres y Padres de Niños con Impedimentos del Pleito de Clase de Educación Especial, Carmen Warren, quien destacó que esta acción podría poner en peligro los más de $120 millones que recibe la agencia en fondos federales.

“El Departamento de Educación, luego de invertir entre $6 a $10 millones en la adquisición de un sistema de recolección de datos para niños de educación especial, decide sustituir el mismo por un nuevo sistema que no ha sido validado ni informado al gobierno federal a un costo más alto”, afirmó Warren en rueda de prensa, acompañada por otras madres y facilitadoras del Programa de Educación Especial.

El costo del nuevo contrato, según Warren, supera los $1.5 millones.

Pero según Warren, desde el 2006, el DE ha invertido entre $6 y $10 millones en la adquisición del programa computarizado y el entrenamiento de empleados. La adquisición de ese programa también fue aprobada por las autoridades como parte de los acuerdos del pleito de clase.

 “Luego de seis años de inversión en modificar y adaptar un sistema validado de acuerdo a las necesidades del Departamento de Educación para este cumplimiento, deciden arbitrariamente y sin previo aviso cambiar el sistema a uno que no se ha usado anteriormente para este propósito y que fue creado este año”, afirmó Warren.

Además, apuntó que la idea de establecer este nuevo sistema podría tener como objetivo la manipulación de los datos para presentar un cuadro mucho más halagador de la realidad.

Ante la prisa por cumplir con la entrada de datos antes del 3 de diciembre, Charlotte Levine, una facilitadora de una escuela del área de San Juan, reveló que los facilitadores de su área no han recibido adiestramiento para entrar los datos al sistema, una nueva tarea que se añadió a su lista de labores.

Señaló, también, que están siendo amenazadas con perder el empleo de no cumplir con dicha tarea.

“El secretario de Educación nos dijo personalmente que violáramos la ley, que cogiéramos los expedientes y los sacáramos de las escuelas y nos fuéramos a un Burger King a trabajar porque teníamos que dar la milla extra”, afirmó indignada la mujer.

No fue posible obtener de inmediato una reacción del DE.

Ante esta situación, Warren pidió al gobernador electo, Alejando García Padilla, que cancele el contrato con esta empresa y que inicie una investigación del Programa de Educación Especial para que se procese legalmente a las personas que han violado la ley.

 Otro polémico contrato

 Esta no es la primera vez que un contrato de Intelutions levanta ronchas.

La Universidad de Puerto Rico (UPR) le concedió un contrato de casi $5 millones para implantar el sistema de información financiero de la institución, en un proceso que fue cuestionado por algunos síndicos porque la empresa no se sometió al trámite de evaluación de propuestas.

 El contrato se concedió a esta empresa, pese a que otra firma había sido escogida originalmente para realizar el trabajo.

Intelutions llegó a la UPR con la bendición del síndico Felipe Carro, un extesorero del PNP y el presidente Miguel Muñoz.

Los directivos de Intelutions, Ángel Mena y Julio Fuentes, fueron donantes de la campaña del candidato a comisionado residente Pedro Pierluisi, según el portal campaignmoney.com, que documenta este tipo de actividad política.

 En la página 3 del programa de gobierno del PNP para el 2009-2012, Mena aparecía identificado como uno de los directores temáticos del documento.

Una fuente universitaria también indicó que la gerencia de la UPR evalúa en este momento enmendar el contrato con Intelutions por una partida que podría alcanzar los $800,000 para que administre el módulo de becas de la institución.

Lluvia de contratos

 La empresa Intelutions tiene 14 contratos con el DE, según la página electrónica de la Oficina del Contralor.

También tiene contratos millonarios con el Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno, el Sistema de Retiro para Maestros, la Policía, Cuerpo de Emergencias Médicas, la Administración de Seguros de Salud, Administración de Desarrollo Socioeconómico, la Administración de Familias y Niños, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de Puertos.