El renunciante presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Miguel Muñoz, propició una "estrategia de confrontación" ante el señalamiento de "uso indebido" de fondos otorgados al primer centro docente del país por la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF, por sus siglas en inglés), afirmó hoy, miércoles, la senadora popular Mari Tere González.

Al resumir los hallazgos de una investigación de la Comisión de Educación del Senado sobre el manejo de los fondos aprobados por la NSF para la UPR, González dijo en conferencia de prensa que bajo la presidencia de Muñoz se ignoraron reclamos reiterados de la citada organización que subvenciona investigaciones científicas en los Estados Unidos.

Según la investigación senatorial, fondos de la NSF eran dirigidos a "un pote general" y eventualmente se manejaban "como fondos institucionales" de la UPR. En tal sentido, González señaló que la indagación senatorial reflejó que dineros otorgados para un uso específico de investigación se usaron para otros fines.

Además, la legisladora dijo que información recopilada por la Comisión de Educación documentó una "doble compensación" indebida para personal a cargo de investigaciones subvencionadas por la NSF.

"La UPR debió crear la Oficina de Cumplimiento con el propósito de auditar los recintos y sus manejos con los requerimientos de la NSF, sin embargo, el proceso para su creación se postergó irrazonablemente", indicó González acompañada del portavoz del PPD en el Senado, Aníbal José Torres.

"No hubo gestos prudentes y apropiados para ser responsivos a la NSF", puntualizó la senadora estadolibrista, quien anunció que "haremos nuestros referidos también a las agencias concernientes", incluyendo, si así lo solicitaran, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI), que ayer recogió documentos similares en la Cámara de Representantes, donde una comisión presidida por el legislador Eduardo Ferrer también realizó una investigación sobre el mismo tema.

 La senadora indicó que desde 2006 hubo auditorías y solicitudes de informes precisos sobre tiempo y esfuerzo en las investigaciones pagadas con fondos de NSF, pero bajo Muñoz no fueron responsivos a esos reclamos, por lo que esa entidad congeló fondos que preliminarmente estimó de $70 a $90 millones. "Hubo cinco advertencias distintas y las subestimaron", lamentó.

Al reconocer que los reclamos de la NSF se remontan a parte de la presidencia de Antonio García Padilla (2001-2009) en la UPR, el senador Torres dijo que hubo auditorías y planes ante los reclamos de la entidad estadounidense. Sin embargo, sentenció que "hubo planes de acción que no se siguieron en la próxima administración (de Muñoz).

Torres insistió en que bajo la presidencia de García Padilla, hermano mayor del Gobernador, "no hubo señalamientos de incumplimiento, ni de irregularidades" como ocurrió bajo la gerencia de Muñoz.

A juicio de González, lo más contundente de la investigación de su comisión es que hay evidencia de que "se desviaron fondos para una doble compensación" y de "uso inadecuado de fondos otorgados para A, pero ellos los utilizaron para B".

González cuestionó que en lugar de responder a los reclamos de la NSF, se optara por la contratación onerosa de un bufete especializado en crímenes de cuello blanco cuyo costo sobrepasa los $300,000.

Ante toda esta situación, sostuvo que "urge levantar un movimiento para depurar los procesos en la UPR", y se mostró preocupada de que en estos momentos puedan tomarse represalias contra personas que testificaron ante la Comisión de Educación del Senado, que también evidenció que "no hay un patrón uniforme en el manejo de estos fondos para investigación".

Algunas de las 23 conclusiones del informe con el resultado de la investigación de la comisión presidida por Gonzalez aluden a que "se ha desarrollado un esquema de manera que ese dinero (de la NSF) se convierte en fondos institucionales, lo que hace invisible para la NSF el rastreo de su utilización y permite que se use para salarios no permitidos por la reglamentación".

El informe consigna que "se ha dado la situación de que un administrador, que a la vez es investigador, se asigne el dinero en un claro conflicto de interés". Además, destaca que aunque la NSF hizo 32 señalamientos relacionados con la documentación del tiempo y esfuerzo en las investigaciones, los mismos "no fueron informados a la comunidad universitaria sino hasta un año y medio después".

Observa el reporte, además, que el plan de acción correctiva ante los reclamos de la NSF para corregir los fallos "ha tardado más de un año en implementarse" y que "Muñoz retrasó la notificación que instruían a los rectores sobre la autorización para implementar dichas políticas".

En el punto 11, el informe precisa que Muñoz "tenía conocimiento del incumplimiento y del vencimiento de los términos para cumplir y no actuó con la diligencia y urgencia que requería el momento y las circunstancias".

Además, menciona que los testimonios vertidos en la comisión, "sugieren que el Presidente Muñoz, mientras fue rector del RUM, autorizó pagos por encima de lo que permite la reglamentación".

Agrega que "algunos investigadores pueden haber incurrido en la práctica de cobrar doble compensación facturando más" de lo permitido, pero "no se ha encontrado gestión alguna que evidencia medidas" de Muñoz para evitar eso.