La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) informó esta tarde que investigarán las supuestas irregularidades cometidas por el exsecretario de Justicia Antonio Sagardía, el exsenador Antonio "Chuchin" Soto y el reelecto alcalde de San Lorenzo, José "Joe" Román Abreu, mientras ocupaban los cargos públicos.

La presidenta de la OPFEI, Nydia M. Cotto Vives, informó por escrito que le asignó la investigación al fiscal especial independiente Emilio E. Arill García y a Luz I. Burgos Santos, como fiscal delegada. Ambos deberán realizar la investigación pertinente y rendir un informe final en un plazo de 90 días.

La licenciada explicó que, tras examinar el expediente que le envió el Departamento de Justicia, entendió que los hechos ameritaban "una investigación a fondo” pues existe una fuente de alta credibilidad que los sustenta".

Indicó que la información surgió de una investigación preliminar en torno a una querella juramentada el 4 de junio de 2012, por la contralor de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, y que existe “un alto grado de probabilidad” de que el licenciado Sagardía haya infringido el Código Penal de 2004 y la Ley de Ética Gubernamental.

 Cotto Vives explicó que el informe fue enviado por la exsubsecretaria de Justicia, Edda Serrano Blassini, y que la investigación está “relacionada con la utilización de fondos públicos para gastos de tarjetas de crédito, de representación y de gastos de viaje al exterior para el año 2009. Además, el uso indebido de escoltas; regalías, y conflicto

de intereses”.

Agregó, que Serrano Blassini expuso en su misiva que: “Luego de evaluar toda la prueba recopilada por las Divisiones de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia entienden que existe causa suficiente para concluir que el exsecretario de Justicia cometió los delitos tipificados en los artículos de 193, 210, 219, 224, 235, 255, 257, y 274 del Código Penal del 2004; y los artículos 3.2 (c) y 4.11 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada conocida como Ley de Ética Gubernamental".

Asimismo, Cotto Vives informó que la investigación contra el alcalde de San Lorenzo por el alegado desembolso ilegal de fondos públicos mediante la tramitación indebida intencional de pago doble de facturas por un mismo trabajo, estará a cargo del fiscal especial independiente Rubén E. Falú Allende y Leticia Pabón, como fiscal delegada.

 La licenciada Cotto Vives indicó que la designación de un FEI en este caso surge luego de evaluar y analizar un referido del exsecretario de Justicia Guillermo A. Somoza Colombani, quien indicó que, de toda la prueba recopilada por ese departamento, surge que existe causa suficiente para creer que el alcalde cometió varios delitos.

Dijo que esos delitos están tipificados en los artículos 193, 210, 219, 261, 265 y 267 del Código Penal de 2004, según enmendado, y el artículo 3.2 (c) de la Ley de Ética Gubernamental. Las violaciones se relacionan con el desarrollo de las obras en la Comunidad Especial Los Oquendo de San Lorenzo.

Destacó que, en este caso, se acoge la recomendación del aludido informe y se designa un FEI para que investigue como posibles coautores al director de Finanzas del Municipio, Pedro R. González Rodríguez; a Gilbert Hernández Orozco, quien actuó en representación del alcalde, y al contratista Iván Andújar González.

Asimismo, informó que la investigación contra Soto es por la comisión de alegadas irregularidades en el cobro de dietas legislativas.

De acuerdo a la presidenta del panel, el Departamento de Justicia refirió a ese organismo el caso del exsenador debido a que “la evidencia recopilada durante la investigación preliminar demuestra que el señor Soto Díaz no se encontraba en Puerto Rico durante los días en que alegadamente se celebraron vistas y/o reuniones ejecutivas por los cuales reclamó el pago de dietas.”

A esa investigación fue asignado el fiscal especial independiente Guillermo Garau Díaz.