La Asociación de Economistas de Puerto Rico por primera vez hizo una encuesta electrónica a gran parte de su matrícula para auscultar la posición del gremio ante las propuestas económicas anunciadas oficialmente y otras que no se han acogido. 

Entre las propuestas que no salieron favorecidas por los expertos en economía está la eliminación de la Ley de Cierre con 54% en contra, el 80% no favorece la reforma laboral aprobada, el 57% está en contra del cierre de recintos de la Universidad de Puerto Rico, el 83% no favorece las medidas de austeridad propuestas por la junta de control fiscal federal y el 78% piensa que esa junta y el gobierno están mal asesorados en materia económica.

Además, el 93% de los encuestados se mostraron contrarios a la reducción en el salario mínimo a los jóvenes, el 87% rechazó un aumento en el IVU y un porcentaje cercano criticó el despido de empleados públicos y la reducción de las pensiones. 

Sobre la reformas de permisos, el 53% está en contra de que un profesional otorgue permisos de construcción y el 72% no favorece la flexibilización de los permisos comerciales a las megatiendas extranjeras.

“La encuesta reveló que los economistas tienen consenso sobre lo que deberían ser las políticas públicas que fomente el crecimiento y desarrollo económico de Puerto Rico. Es importante que se les consulte para lograr que la economía sea prospera, justa, equitativa y sostenible”, aseguró Martha Quiñones, presidenta interina de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.

En la consulta hubo consenso hacia otro tipo de propuestas que no han sido consideradas por el oficialismo hasta el momento. 

Por ejemplo, el 77% de los economistas favorece la regionalización o consolidación de alcaldías y el 66% sugiere eliminar subsidios a los municipios.

Asimismo, el 93% favorece que se eliminen subsidios e incentivos a empresas que no estén creando empleo, otro 66% apoya la propuesta del “entry point” para reestructurar la deuda (en base al valor de compra del bono) y el 78% favorece que se aumenten los impuestos a los bienes y servicios de lujo.

Igualmente, el 69% apoya que se detenga el mecanismo contable conocido como “transfer pricing” de las megatiendas, el 61% entiende que se deben retasar las propiedades inmuebles y el 85% se solidariza con la reinstalación de la comisión que auditaba la deuda pública.

“Así como se consulta a los gremios médicos para reformar el sistema de salud, la Asociación de Economistas debe ser clave en la discusión de propuestas económicas. Hay muchas propuestas con un amplio consenso como es el rechazo a la reducción del salario mínimo a los jóvenes, al aumento del IVU y a los incentivos dados a empresas que no estén creando empleo”, aseguró José Caraballo Cueto, vicepresidente de la asociación.

Agregó que “el 94% considera que se deben divulgar los conflictos de intereses de los economistas y un 89% critica la ausencia de economistas en los últimos tres gabinetes de gobiernos. Quizás eso pueda explicar parte de la crisis actual”