El tijerazo de $18 millones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al presupuesto de la Asamblea Legislativa ha obligado a senadores y representantes a adoptar medidas drásticas incluyendo, eliminación de plantilla, reducción de jornadas y cancelar contratos.

“Me toca salir de tres empleados de los poquitos que tengo”, dijo el senador Abel Nazario, del Partido Nuevo Progresista.

“Tengo que salir de la directora ejecutiva, la asesora legal porque no puedo pagarle”, añadió el presidente la Comisión de Educación.

Nazario dijo que en su Comisión el recorte fue de un 35% y se queda “con una secretaria, un técnico y la directora”.

“En el caso mío, se hizo un ajuste, se eliminó personal y hubo reducción de salario. Saqué a dos personas. Somos cuatro nada más y los que nos quedamos tendremos una carga mayor”, dijo el senador Aníbal José Torres, del Partido Popular Democrático.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, tuvo un recorte de $113,448 del presupuesto de su oficina por lo que algunos empleados recibieron una reducción salarial de un 50% ($1,000) y otros tuvieron que acogerse a jornadas parciales.

“El impacto fue dramático porque estamos hablando de un grupo de empleados con salarios relativamente bajos”, sostuvo Dalmau.

Como la reducción en la oficina fue de cerca de un 30%, en algunos casos para no afectar los salarios más bajos, los de salarios más altos sufrieron reducciones de hasta un 50%; básicamente la mitad del salario que recibían, ya reducido del presupuesto anterior en un 10%.

“La reducción salarial que se ha adoptado en mi oficina ha sido para garantizar que no se despida ningún empleado. Ninguno titubeó en continuar colaborando más allá de las horas, que puedan facturar para que la oficina brinde los servicios que tenga que brindar”, indicó Dalmau, quien exaltó “el compromiso y patriotismo” de su equipo de trabajo. 

Para el otro independentista, el representante, Denis Márquez, la reducción fue de un 20% ($67 mil), pero dijo que pudo preservar su plantilla completa con sus salarios.

No obstante, indicó que tuvo que reducir horas a dos asesores por contrato y tuvo que cancelar dos contratos, un asesor jurídico y un asesor en comunicaciones.

El representante por Hatillo, Camuy y Quebradillas, Joel Franqui Atiles, se quedó con siete empleados y no pudo renovar los contratos a otros cinco, algunos que trabajaban a tiempo parcial; entre los no renovados estuvo de una joven con diversidad funcional. 

“Inclusive algunos empleados nos están ayudando a limpiar la oficina de distrito y ya no lo tenemos. Todo el mundo tiene que cooperar y hacer más con menos”, indicó para agregar que los restantes empleados sufrieron reducciones de entre $200 y $300 de sus sueldos.

“Es difícil para mí y para ellos también. Tenemos que dar servicios al pueblo cada vez con menos recursos”, agregó.

El representante popular Rafael “Tatito” Hernández dijo que el recorte en su oficina fue de un 23%. 

“Nos sentamos con todo el personal y se hizo un recorte across the board, a todo el mundo, de un 15%, a empleados regulares y por contrato. Aquí no hay salarios altos, los salario de nuestros empleados rondan los $1,500 y 1,600 y el golpe es significativo”, explicó Hernández.

Mientras tanto, empleados de mantenimiento y ujieres indicaron que sus supervisores no les han notificado de ningún recorte o cambio en sus condiciones salariales.

“A nosotros no nos han dicho nada. Me entero por usted… Me tengo que quedar con mi carro viejo”, dijo asombrada una empleada de mantenimiento de la Cámara.

“Estamos esperando el golpe. Dios quiera que no porque nosotros somos los menos que ganamos”, expresó otro empleado de mantenimiento.