Líderes sindicales recibieron a la nueva administración esperanzados en que se les incluya en la toma de decisiones del País, pero atentos –a su vez- a que el Gobierno cumpla cada una de las estipulaciones contenidas en los convenios colectivos vigentes, incluyendo los aumentos salariales prometidos para este año.

Federico Torres Montalvo y José Rodríguez Báez, dirigentes de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), respectivamente, estimaron entre 35 y 40 el número de acuerdos laborales firmados entre empleados públicos y el Gobierno que contemplan alzas de salario.

Torres Montalvo dijo que, por ejemplo, los convenios colectivos en el Departamento de la Vivienda, la Junta de Planificación y la Compañía de Fomento Industrial disponen aumentos de entre $100 y $150 mensuales.

A su juicio, los líderes obreros no deben ser ciegos ante la situación económica del Gobierno y sus respectivas dependencias. Sin embargo, primero deben comprobar si realmente existe una crisis fiscal y para ello se requiere apertura de parte de los entrantes jefes de agencia.

“Si es verdad que hay una crisis fiscal, pues que nos sentemos para resolverla… El movimiento sindical no va a ser ciego ante la realidad si se escuchan nuestras recomendaciones de cómo enfrentar la crisis económica”, sostuvo.

Su expectativa ante el nuevo gobierno, precisó, es que comiencen desde ya las reuniones con el movimiento sindical.

“La política laboral tiene que cambiar radicalmente”, sentenció Torres Montalvo, al recordar la aprobación, durante el pasado cuatrienio, de una ley que paralizó durante dos años las negociaciones de convenios colectivos.

“Hubo un atropello descomunal contra el movimiento sindical”, lamentó el líder obrero, cuya organización tiene, al menos, cinco negociaciones colectivas pendientes para este año.

Por su parte, Rodríguez Báez opinó que el Gobierno debe hacer todos los esfuerzos necesarios para cumplir con los aumentos prometidos y discutir con el movimiento obrero todas alternativas disponibles para ello.

A su juicio, la actual administración debe reevaluar los grandes contratos de asesoría y consultoría y sacrificarlos, de ser necesario, para cumplirle a los empleados públicos.

Según Rodríguez Irizarry, para este año también se contemplan aumentos en los Departamentos de la Familia, Recursos Naturales y Ambientales, Transportación y Obras Públicas, Agricultura, Corrección y Hacienda, entre otras dependencias del Estado.

“El reclamo principal es que se abra un foro de búsqueda de soluciones a asuntos de mayor prioridad, como los asuntos fiscales, (la crisis en los) sistemas de retiro y los temas económicos que tienen que ver con la creación de empleos”, precisó.

 Otros temas laborales que deben ser prioridad para la administración del gobernador Alejandro García Padilla, según Rodríguez Báez, son la paralización de la privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín a través de una alianza público privada (APP) y hacer posible una elección para elegir el representante exclusivo de los maestros.

La administración de Luis Fortuño llegó a acuerdos con la empresa mexicana Aerostar Airport Holdings para que administre el aeropuerto por los próximos 40 años.

 “Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en la mesa para hablar. A nosotros nos interesa tener un país con un gran desarrollo económico, que el ingreso per cápita sea más alto, tener un país de progreso que no esté endeudado”, dijo.