Una auditoría de la Oficina del Contralor realizada al municipio de Las Piedras reveló “desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación relacionadas con la administración del presupuesto”.

Específicamente, se le achaca a la administración municipal del alcalde Miguel A. "Micky" López Rivera aumentar el déficit presupuestario en alrededor de $1.4 millones del año fiscal 2009-2010 al 2010-2011, sobreestimar ingresos de las partidas de patentes municipales e incurrir en un sobregiro de $1.5 millones en fondos municipales, lo que afectó el crédito y los servicios a la ciudadanía, según expone la Contralora en el informe.

“El Municipio tenía un déficit acumulado en el Fondo Operacional correspondiente a los años fiscales 2009-10 por $4,285,981 y 2010-11 por $5,657,991, según se refleja en los estados financieros de dichos años fiscales”, detalla la auditoría, realizada entre el 1 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2011.

En respuesta, el alcalde remitió cartas a la Contralora en la que alegó que ese fue el cuadro fiscal que heredó. Esto, a pesar que el alcalde comenzó en sus funciones en enero de 2009.

“El déficit acumulado es uno que básicamente heredamos cuando asumimos la administración del Municipio. Sin embargo para el año fiscal 2011-2012 se logró eliminar el mismo gracias a varias iniciativas fiscales que implementamos a los fines de aumentar nuestro margen prestatario que nos permitió obtener los fondos para amortizar el mismo a través del Banco Gubernamental de Fomento”, señaló López Rivera, según se alega en el informe hecho público este lunes.

Otros siete señalamientos también fueron hechos en la auditoría. Estos incluyen el pago tardío y con multas a las remesas del Seguro Social federal y atrasos en las deudas con el Gobierno, realizar compras sin subastas y con requerimiento de marcas específicas, transferencias de crédito entre partidas presupuestarias contrarias a la ley, así como uso indebido de los fondos asignados por la Legislatura.

También se le imputó carecer de un programa para mantener un buen ambiente de trabajo, deficiencias en el registro de cheques y mantener recursos económicos en fondos especiales con saldos inactivos.

Asimismo, la Contralora informó que durante este periodo el municipio recibió una multa de $33,000 por parte de la Agencia Federal para la Protección Ambiental por no solicitar permisos para descargar en los sistemas de alcantarillados pluviales municipales.

Añade que “al 31 de diciembre de 2011, estaban pendientes de resolución por los tribunales 11 demandas civiles presentadas contra el municipio por $2,963,175. De este importe, $1,570,000 eran por daños y perjuicios, $893,175 por cobro de dinero, y $500,000 por acción civil”.

 Este diario solicito una reacción del alcalde, a través de su oficial de prensa, Carlos Santiago. De inmediato, no se ha tenido respuesta.