La falta de control sobre los $2,800 millones en fondos federales que recibieron durante el pasado cuatrienio, así como mantener incomunicados al Gobierno y a la Legislatura sobre aspectos importantes de la salud pública fueron algunas de las irregularidades señaladas al Departamento de Salud en una auditoría publicada este lunes por la Oficina del Contralor.

En esencia, fueron ocho los hallazgos detectados por la Contralora. La auditoría cubrió el periodo de 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012, cuatrienio en el cual gobernó Luis Fortuño y en el que fueron nombrados tres secretarios de Salud: los doctores Jaime Rivera Dueño, Iván González Cancel y Lorenzo González Feliciano.

El primero de los hallazgos fue incumplir con la realización de las auditorías integradas anuales ('single audits') en el periodo establecido.

Según el informe, se registraron retrasos de entre uno a dos años en la preparación de estos “single audits” requeridos por el Gobierno federal y estatal para mantener un control de los $2,790,579,902 recibidos en fondos federales. Estos retrasos “impidieron a las agencias federales y a la Oficina del Contralor tener conocimiento de las deficiencias encontradas en la auditoría externa realizada y tomar, de ser necesario, las medidas correctivas correspondientes”.

Pero, más allá, la Contralora señala que se puso en riesgo la permanencia de estos fondos federales. Esto se debe a que la legislación vigente permite que, ante la falta de auditorías, se retengan parte los fondos federales asignados hasta que se complete este requisito, retener o desaprobar los costos administrativos reclamados, suspender en su totalidad los fondos federales asignados hasta que se realice la auditoría y hasta descontinuar la asignación de fondos.

El informe no da cuenta de que ninguna de estas penalidades se haya tomado en el pasado cuatrienio.

Asimismo, la Contralora detectó que Salud no cumplió con remitir informes anuales sobre el estado de la salud en la Isla al gobernador ni a la Legislatura.

“En este (informe) se debe exponer los servicios sanitarios que se hubiesen realizado y las condiciones sanitarias que prevalecen en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, se indicó.

Asimismo, la auditoría detectó que no se cumplió con las reuniones requeridas de los cuerpos rectores del Departamento para velar asuntos importantes para la salud pública. De hecho, hubo entidades que nunca se nombraron, según la Contralora.

Como ejemplo, el informe expuso que la Comisión para el Control de la Radiación solo se reunió una vez en el 2011, en vez de cuatro veces al año. Además, se encontró que “no mantenía un registro de todas las licencias concedidas, ni de las fuentes de radiación ionizante inscritas en la misma. En su lugar, mantenía en un archivo documentos relacionados con dichas licencias”.

“Al 30 de junio de 2012, no estaba constituido el Consejo General de Salud para que cumpliera con su función de planificar, coordinar y evaluar toda el área de la salud en Puerto Rico, tanto en el sector público como privado”, añade la auditoría.

Tampoco trabajó activamente la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. Específicamente, no se cumplió con la misión de establecer el Sistema de Vigilancia Nutricional, indica el informe.

La Contralora detalló que estas irregularidades ocurrieron debido a que “los funcionarios que se desempeñaron como secretarios de Salud no ejercieron una supervisión adecuada de dichas operaciones para asegurarse de que la Comisión para el Control de la Radiación y la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico cumplieran con las disposiciones legales y reglamentarias citadas”.

Por otro lado, tardanzas en el envío de contratos a la Oficina del Contralor y emitir informes mensuales del Registro de Puestos de forma tardía fueron las fallas cometidas por Salud en contra de la agencia que lo investigó.

Según el informe, durante sus incumplimientos con la Oficina del Contralor se hicieron “desembolsos realizados mediante reconocimiento de deudas por servicios recibidos sin que hubiera un contrato vigente”.

Deficiencias relacionadas con las operaciones de la propiedad, reglamento para regular las operaciones de los recursos humanos sin actualizar, ausencia de un sistema de evaluación de desempeño para el personal del Departamento, así como desviaciones de la reglamentación relacionada con las recaudaciones de la Oficina de Investigaciones también fueron detectadas en la auditoría.