Líderes de un amplio grupo de organizaciones ligadas, en su mayoría, a distintas áreas de la salud se unieron en una resolución de apoyo a la descriminalización de la marihuana y en apoyo al Proyecto del Senado 517, de la autoría del senador Miguel Pereira, que es ahora objeto de evaluación en la Cámara de Representantes.

“Resolución de Política Pública Salubrista sobre la Descriminalización de la Marihuana” es el título del documento entregado hoy a la Comisión de Asuntos de lo Jurídico de la Cámara, que tiene a su cargo la evaluación del proyecto.

El mismo lleva la firma, entre otros, del administrador interino de Administración de Servicios de Salud y contra la Adicción (Assmca), José A. Flores; el psiquiatra José A. Franceschini; la presidenta de la Asociación de Psicología, Sheilla Rodríguez; el presidente del Colegio de Médicos, Eduardo Ibarra; la presidenta de la Asociación Puertorriquena de Consejería Profesional, Guetzaida Nuñez; el director ejecutivo de la Sociedad para Asistencia Legal, Federico Rentas; el presidente de la Comisión para el Estudio de la Criminalidad y las Adicciones, Salvador Santiago; Carmen Milagros Vélez de la Escuela de Salud Pública de la UPR; y el director de Iniciativa Comunitaria, José Vargas Vidot.

También firman el documento el presidente del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Larry Alicea; el director ejecutivo de Intercambios Puerto Rico, Rafael Torruella; la presidenta de NAMI (National Association of Mental Illness), Sylvia Arias; y José Oscar Carrasquillo, del Comité Adhoc de Prevención y Tratamiento del Uso Problemático de Sustancias.

La extensa resolución sostiene, entre otros señalamientos, que la Organización de Naciones Unidas, desde los años 60, estableció que a un usuario de sustancias no se le deben aplicar sanciones que le produzcan más daño que el uso de la sustancia misma y que el estado de la ley actual expone al usuario de sustancias a daños mayores al mismo consumo como resultado del proceso de encarcelación y criminalización.

Indican además que la “teoría del puente”, que implica que el consumo de marihuana necesariamente precede e induce al consumo de otras drogas más fuerte “ha sido descartada”.

También que la evidencia científica actual ha establecido que la marihuana tiene un potencial adictivo de leve a moderado, menor que el alcohol y la nicotina y que, según la National Institute on Drug Abuse (NIDA), sólo un 9% de usuarios de marihuana presentan problemas de dependencia.

Otro dato que incluyen en los “por cuantos” de la resolución es que Puerto Rico es el quinto país a nivel internacional con la mayor tasa de arrestos por drogas y está entre los 10 primeros con la mayor tasa de encarcelamiento.

“El uso de la marihuana a nivel personal por un ciudadano de 21 años o más, y en condiciones de alta seguridad personal y social, no constituye conducta de riesgo que deba ser tratada de manera criminal”, afirman.

El documento concluye con la declaración de que las organizaciones e individuos abajo firmantes, apoyan la descriminalización del consumo personal de la marihuana por personas mayores de 18 años, reconociendo que la investigación en la neurociencia ha indicado que el desarrollo biopsicosocial de un joven no concluye hasta los 21 años.

Indican además que endosan el Proyecto del Senado 517, solicitan que las autoridades gubernamentales aprueben el proyecto; se comprometen a divulgar esta resolución entre los miembros de las organizaciones que representan y recomiendan que se continúe el proceso de educación de la ciudadanía y sus instituciones sociales en relación a este tema.

“Recomendamos, en conformidad con el Informe de la Comisión Global de Política de Drogas (2011), reemplazar las políticas y estrategias de drogas orientadas por la ideología y la conveniencia política, por políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la salud, la seguridad y los derechos humanos”, lee el cierre del documento.

Corrección también lo apoya

 Mientras tanto, el secretario de Corrección y Rehabilitación, José R. Negrón Fernández, indicó ante la misma comisión cameral que “las medidas propuestas en el proyecto son una alternativa a la restricción de la libertad, a través de sanciones prácticas y razonables”.

Sostuvo además que, “la despenalización propuesta podría acarrear economías necesarias y una disminución de la población correccional. Ello puede redundar en mejores servicios a aquellos que permanezcan siendo parte de la misma”.

 Explicó también Negrón Fernández que en el informe “Perfil de la Población Correccional Total sentenciada al 30 de junio de 2012”, los delitos relacionados a sustancias controladas arrojaron un 71.32%. Las violaciones de ley por posesión de dichas sustancias conformaron el 26.19% de los sentenciados entonces.

El costo anual de una persona recluida en alguna de las instituciones correccionales lo estimó en cerca de $36,060. Al 12 de marzo de 2014, agregó, habían 12,467 confinados en las instituciones penales del país, entre sumariados y sentenciados, por lo que restan 2,099 espacios para completar la capacidad total del sistema, que es de 14,566 confinados.