Aumenta la tensión entre comités de transición gubernamental

11/21/2012 | 06:49 p.m.
Los miembros del Comité de Transición entrante cuestionaron como empresas con contratos millonarios con el gobierno piden una exención a la hora de pagar el bono de navidad.(teresa.canino@gfrmedia.com))  
El debate entre el Comité de Transición entrante y el saliente se tornó tenso cuando se habló de la Ley 52 y Juan Aponte, excatedrático de la UPR, preguntó por los contratos de El Vocero.

El cuestionamiento sobre la falta de estadísticas y mecanismos de medición, así como la asignación de millonarias partidas de dinero para la promoción de empleos en momentos que el país enfrenta una exigua tasa de participación laboral de un 39 por ciento, dominaron el tercer día de las vistas de transición en el Departamento de Estado en el Viejo San Juan.

Durante la continuación de las audiencias, la secretaria interina del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Elvia Cancio, la jefa de la Administración de Rehabilitación Vocacional, Nydia Colón Zayas, y el jefe de la Administración de Desarrollo Laboral, Aurelio González, ofrecieron un cuadro de los logros de sus respectivas dependencias, que incluían múltiples iniciativas de adiestramiento como el plan de estímulo criollo que impulsó el saliente gobierno de Luis Fortuño.

Sin embargo, confrontaron dificultades para ofrecer números específicos de creación y mantenimiento de empleos pese a todos los recursos que destinan dichas iniciativas.

“La tasa de participación laboral es la más baja en la historia. Entonces, si todos estos esfuerzos importantísimos no están dando los resultados que se esperan, uno esperaría que hubiera una revisión. ¿Qué evaluación están haciendo más allá de ofrecer adiestramientos”, preguntó en un momento Palmira Ríos, directora de la Escuela de Planificación Pública de la Universidad de Puerto Rico y miembro del Comité de Transición del gobernador electo, el popular Alejando García Padilla.

En respuesta a la pregunta que estaba relacionado a los $15 millones para adiestramiento del plan de estímulo criollo, Cancio respondió que el DTRH estaba encargado de la visión macro del proyecto y que diversas agencias recibieron fondos para estos fines.

Al mismo tiempo, el exscretario del Trabajo y actual secretario de la gobernación, Miguel Romero, interrumpió para informar que podía solicitar una copia del análisis del impacto de este programa que se incluyó en la ponencia del presupuesto 2010-2011.  

Ríos también indagó por las estadísticas de creación de empleos de la millonaria asignación de fondos federales ARRA.

Nuevamente, Cancio refirió la pregunta a otra agencia. Indicó que esta labor no recayó sobre el DTRH, sino sobre Administración del Financiamiento de Infraestructura (AFI).

En sus preguntas, Ríos cuestionó la metodología para determinar la tasa de desempleo que solo mide a las personas que activamente buscan trabajo, mientras Cancio defendió la metodología que sigue los parámetros federales.

Colón Zayas agregó que la Administración de Rehabilitación Vocacional ofrecía servicios a 44,000 consumidores, nombre que utilizan para identificar a las personas que ofrecen ayuda para rehabilitarse y trabajar o para iniciar una vida independiente, en los casos donde la discapacidad no les permite trabajar.

Pero no pudo precisar qué porción de esta cifra responde a una población adulta.

El jefe de la Administración de Desarrollo Laboral pidió al Comité de Transición entrante a mantener los contratos de los centros de respuesta rápida, que a su juicio han ofrecido un servicio “excelente”. Sin embargo, entró en una explicación confusa cuando habló de las personas que se benefician de esta iniciativa.

Inicialmente, González mencionó la cifra de 23,000 personas que recibieron servicios durante los pasados cuatro años. Luego aclaró que este número incluía personas que llegaban a los centros a solicitar información y que no necesariamente recibían servicios.

González tampoco pudo precisar la cantidad exacta que su agencia paga a las empresas que administran los centros de respuesta rápida por atender a las personas que han quedado sin empleo.

El asunto de El Vocero

El debate entre el Comité de Transición entrante y el saliente se tornó tenso cuando Cancio habló de la Ley 52 y Juan Aponte, excatedrático de la UPR, preguntó por los contratos de El Vocero.

A través de la Ley 52, los patronos que cualifiquen reciben reembolsos del pago de nómina. Este programa promueve la creación y retención de empleos en la Isla.

Aponte y el abogado José Andreu Fuentes cuestionaron la cantidad de empresas relacionadas a este medio de comunicación y la partidas millonarias que recibe de fondos públicos.

“De entre ciento de patronos, no estoy familiarizados con todos”, respondió Cancio.

Entonces, Alberto Bacó, otro miembro del Comité de Transición entrante, leyó los nombres de las empresas, mientras que Andreu Fuentes afirmó que de un análisis que hizo el martes en la noche, concluyó que las empresas de El Vocero recibieron $17.3 millones en incentivos económicos entre el 2009-2012.

Andreu Fuentes también preguntó a Cancio si había iniciado una pesquisa a raíz de los reportajes investigativos de El Nuevo Día que indican que ante una deuda por el Estado, El Vocero creó a News Distributor como empresa alter ego para recibir fondos públicos.

Cancio aseguró que no hizo una investigación formal, pero aclaró que indagó informalmente sobre el asunto y que los programas que otorgan estos fondos le informaron que no existía ninguna irregularidad.

Agregó que los pasados cuatro años se destinaron $165 millones para la Ley 52, que creó y retuvo 16,315 empleos.

Bacó calculó que El Vocero recibió el 12% de los fondos destinados a esta Ley.

Los miembros del Comité de Transición entrante también cuestionaron como empresas con contratos millonarios con el gobierno como New Star Acquisitions y Perfect Cleaning Service -al igual que El Vocero- piden una exención a la hora de pagar el bono de navidad a sus empleados.

La audiencia terminó con preguntas del Comité de Transición entrante sobre una carta que envió el bufete de abogados Fiddler, González & Rodríguez al Departamento del Trabajo, que la secretaria interina no mencionó en su turno porque no era pertinente al proceso de transición.

Además, la jueza Dolores Rodríguez pidió un turno para realizar una “afirmación” en que resumió las contestaciones de Cancio en torno al tema de El Vocero, que fue objetada con molestia por los miembros del Comité de Transición saliente, quienes aseguraron que esas palabras solo recogían su interpretación de los ocurrido en la vista.

 Defienden su gestión (subtítulo)

El abogado Carlos Rodríguez, secretario general de la gobernación, defendió el proceder de la administración Fortuño en torno al asunto de El Vocero.

“Esta administración ha sido clara ciertamente nosotros creemos en la libre competencia y hay una competencia entre distintos medios de comunicación y no es el rol del gobierno intervenir en una lucha de dos medios de comunicación. Nosotros hemos sido claros en ese sentido, la carta no tiene nada que ver con el Comité de Transición. El documento al que se hace referencia no ha sido tramitado a través del Comité de Transición así que nos parece, incluso, inapropiado que miembros del Comité de Transición utilicen este foro para traer un tema totalmente”, afirmó Rodríguez.

Cancio, por su parte, indicó que a la carta con la petición de investigación se le dará “el curso ordinario de negocios del Departamento”.

“No tengo ninguna duda porque yo entiendo que fue grabada la exposición que nosotros hicimos con mucho respeto tal vez ella no estuvo presente en la totalidad de la ponencia nuestra así que ella emitió su opinión pero nosotros estamos bien claros. Este gobierno y el Departamento del Trabajo todo lo hace en sana administración pública y total transparencia gubernamental. Todos los contratos están en el registro del Contralor. Toda la información es pública”, agregó Cancio.

En su rueda de prensa, la profesora Ríos mostró preocupación por la falta estadísticas válidas y confiables de creación de empleos con los fondos dispuestos para ese propósito administrados por el Departamento del Trabajo.

También expresó preocupación por la reducción en los federales WIA (Workers Investment Act) que van “cuesta abajo”.

En el 2009, estos fondos ascendían a $121 millones y ahora la cifra ronda los $58 millones.

“Tanto la Secretaria del Trabajo como el secretrario de la Gobernación, Miguel Romero, se rehusaron a discutir la adjudicación cuestionable de fondos de Ley 52 a ciertas empresas privadas. Es curioso que sobre 10% de estos fondos destinados por imperativo de Ley a propiciar el desarrollo económico y a proteger empleos fueron utilizados el pasado cuatrienio para subsidiar la operación de una empresa en particular”, indicó Ríos.

Ante esta situación, planteó que se deben revisar los mecanismos que se utilizan para conceder fondos bajo la Ley 52.

Andreu Fuentes añadió que es necesario hacer una investigación sobre las alegaciones para determinar si son ciertas o falsas, y que por tratarse de un asunto de interés público es un tema que la nueva administración debe hacer.

“La nueva administración ni el Comité de Transición entrante ha juzgado el asunto relacionado al Vocero, ni tampoco se puede interpretar que vaya esta administración dirigida a quitarle beneficios a nadie ni tampoco al Vocero”, aseguró el abogado Andreu Fuentes.

Los trabajos de los comités de transición recesarán por Acción de Gracias y reanudarán las sesiones el lunes próximo con la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico, entre otros.