El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) acogieron este miércoles con cautela una propuesta legislativa que permitiría a los empleados a tiempo parcial acumular días de vacaciones y de licencia por enfermedad. 

Ambas agencias recomendaron a la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado que realice un amplio estudio sobre las consecuencias que podría tener extender estos beneficios marginales a las personas que trabajen 114 horas o menos al mes. 

“Para que este proyecto de ley de otorgar los beneficios de acumulación de licencia de vacaciones y licencia por enfermedad a los empleados del sector laboral privado que laboren jornadas parciales se lleve a cabo y sea viable, es imperativo y necesario que se estudie si las industrias involucradas pueden absorber los costos relacionados al mencionado beneficio”, argumentó la licenciada Dimarie Méndez, procuradora del Trabajo en el DTRH. 

“Estamos conscientes de que este tipo de legislación encontrará opositores y detractores, que alegarán efectos negativos en la economía. Sin embargo, la historia de Puerto Rico comprueba que la aprobación de leyes que benefician a la clase trabajadora contribuye considerablemente al crecimiento económico, a mejorar las expectativas y la calidad de vida de la ciudadanía puertorriqueña. Es por ello que reiteramos la importancia del mencionado estudio para sustentar la viabilidad de la medida”, añadió la abogada, quien testificó en representación del secretario del Trabajo, Vance Thomas. 

La “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad” (Ley 180-1998) le reconoce el beneficio de acumular días de vacaciones y enfermedad a aquellos empleados que laboren, al menos, 115 horas mensuales. 

De convertirse en ley, la medida del senador popular Luis Daniel Rivera Filomeno aplicaría a aquellos patronos que empleen a 250 trabajadores o más, ya sea en un mismo centro de trabajo o en varias unidades, si operan bajo una misma entidad jurídica. 

Francisco Chévere, director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) y quien también habló a nombre del DDEC, planteó inquietudes similares a las del DTRH sobre el impacto económico que tendría la pieza, pero simpatizó con la idea de que se limite su aplicación a los patronos con, al menos, 250 empleados en su plantilla. 

“Esto proveería protección a las pequeñas y medianas empresas que forman parte de nuestro motor económico, y carecen del mismo poder económico que una empresa de mayor tamaño”, dijo Chévere durante la audiencia pública.

Según el titular de la CCE, el estudio que propuso debe profundizar en torno a si las compañías que resulten impactadas por la legislación pueden sobrellevar el aumento en los beneficios y “los costos relacionados sin poner en riesgo la solvencia de las empresas”.

Según estadísticas sobre el empleo a tiempo parcial citadas por el DTRH, en marzo de 2013, el 17.9% del total de empleados en Puerto Rico laboraba a tiempo parcial. En marzo de 2012, la tasa fue de 15.6%.

En las industrias de alojamiento y servicios de comida, la agricultura y minería y las ventas al detal, abundan más este tipo de trabajadores. 

El Departamento de Justicia compartió la preocupación de las otras agencias del Ejecutivo sobre los efectos de la medida en el panorama económico actual, y concedió deferencia a los comentarios vertidos por el DTRH.