La investigación que lleva a cabo un exfiscal nombrado por la Cámara de Representantes en torno a la agresión por violencia doméstica que le atribuyó una subalterna al representante Ramón Rodríguez Ruiz “está bastante adelantada”.

El exfiscal Ernie Cabán, quien dirige la pesquisa, indicó que está en proceso de interrogar a la querellante, Soniel Torres Suárez. “Al representante vamos a darle la oportunidad de escucharlo y presentar cualquier prueba ante mi consideración”, sostuvo el experimentado abogado en entrevista telefónica con Primera Hora.

El exfiscal dijo que como parte de la pesquisa que le encomendó el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, ya ha entrevistado a varios testigos, algunos de los cuales no han salido a relucir en los informes del suceso que han transcendido públicamente. Dijo que, incluso, se ha trasladado personalmente hasta Ponce y Guayama para hacer las entrevistas.

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Sin entrar en detalles, Cabán indicó que por la naturaleza de los protagonistas y ante el hecho de que uno de ellos es un legislador, algunos testigos “no quieren declarar o se resisten” a hacerlo “y les he garantizado confidencialidad”. Agregó que “eso” le ha permitido avanzar en la investigación.

Esbozó que la pesquisa está corriendo de forma independiente a la que lleva a cabo el Departamento de Justicia sobre el suceso acaecido supuestamente el pasado 10 de noviembre. “Me da la impresión de que llevo una investigación más adelantada”, sostuvo Cabán y recordó que tiene hasta el 15 de diciembre para rendir un informe con hallazgos al presidente de la Cámara. 

En su análisis, el exfiscal podría recomendar el archivo del caso o referir al representante Rodríguez Ruiz a la Comisión de Ética de la Cámara. 

La pasada semana transcendió que a secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, le notificó el viernes pasado al Panel de ExJueces del Fiscal Especial Independiente, que la agencia investiga al representante por el incidente. 

Fuentes de Primera Hora aseguraron que el golpe que recibió la mujer fue de tal magnitud que se le tuvo que realizar una tomografía computarizada en el hospital donde fue atendida en Guayama.

Los pormenores del incidente los escribió de su puño y letra Torres Suárez en el formulario (PPR-790), un documento que se llena para preservar los testimonios en los casos de Ley 54 de Intervención con la Violencia Doméstica y en el cual, la querellante señaló al legislador Rodríguez Ruiz como su agresor y compañero consensual.

En medio del escándalo, el presidente de la Cámara contrató al licenciado Cabán al amparo de la Orden Administrativa 2010-06, la cual establece el Protocolo para Manejar Situaciones de Emergencia en el Lugar de Trabajo. Ya el líder legislativo había ordenado activar el protocolo para casos de violencia de doméstica debido a que la querellante es empleada de la Cámara, pues dirige la oficina de distrito de Rodríguez Ruiz.

“Las instrucciones que le dimos al licenciado Cabán fue que hiciera una investigación y que llegara hasta las últimas consecuencias. Siempre lo he dicho. Todos los legisladores somos transitorios…”, dijo Méndez en un medio radial cuando anunció la designación de Cabán.

Mientras tanto, el portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández argumentó ayer que la contratación de Cabán “incumple” con los reglamentos de la Cámara, de la Comisión de Ética y de la Constitución de Puerto Rico, que establece que los miembros de la Asamblea Legislativa sólo pueden ser juzgados por sus pares en el pleno.

“El problema es que le estás dando un elemento de defensa adicional a ese legislador por haberle faltado a sus derechos y prerrogativas dentro del debido proceso de ley y la Constitución”, sostuvo Hernández en referencia a la pesquisa contra Rodríguez Ruiz y a la que lleva a cabo a otra examinadora que nombró el presidente de la Cámara para que investigue una querella por hostigamiento sexual radicada por una empleada de la vicepresidencia que involucra al representante José “Pichy” Torres Zamora y a otro empleado cameral.

En el caso de Rodríguez Ruiz, Hernández indicó que el presidente “lo que tenía que hacer” era solicitarle a Justicia cualquier documento de cualquier hospital o dependencia de la Policía donde hubiera comenzado el trámite de la querellante y referirlo a la Comisión de Ética para que ésta comenzara una investigación.

“Esto requeriría que asumiera la responsabilidad con gallardía y decirle de frente a un funcionario de su delegación ‘hay un señalamiento fuerte en tu contra, estoy pidiendo información y te estoy refiriendo’. Eso no lo hizo el presidente de la Cámara”, sostuvo el portavoz del PPD.

“Él (presidente) prefirió desviar la atención con un oficial examinador para no asumir su responsabilidad con unos señalamientos de maltrato de mujeres en Puerto Rico. Eso es una irresponsabilidad y ahí es que falla… Con sus acciones le está dando una posible defensa a ambos (legisladores) en un futuro en un tribunal y que entonces nos quedemos nosotros con un delincuente en la Cámara de Representantes”, expresó Hernández’.