Las medidas adoptadas por la dirección de la Autoridad de Puertos para devolverle la salud fiscal a dicha corporación pública, y que incluyen reducción de empleados y recortes en otros gastos, no lograron todavía superar el déficit operacional que arrastra la agencia, indicó hoy, viernes, su director ejecutivo, Víctor Suárez.

Ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Suárez dijo que la entidad logró pagar $500 millones de su deuda con el cierre de la transacción que pasó a manos privadas la administración del Aeropuerto Internacional Luis Munoz Marín.

Mediante un plan de retiro incentivado, se logró, además, reducir la plantilla laboral en 209 empleados y desde enero de 2013 hasta el presente la reducción en el número de empleados de carrera es de 266.

“Para ese mismo periodo se ha mantenido el control en la contratación de empleados de carrera, llevándose a cabo solo dos reclutamientos, en el área de vigía marino. Esto ha representado una reducción de $14.7 millones en nómina anual”, sostuvo Suárez.

Otros recortes que presentó ante la comisión legislativa fueron de un 25% en la nómina de empleados de confianza, 79% en servicios legales y 58% en servicios de seguridad, en comparación con el gasto registrado en el año fiscal 2011-2012.

En total, explicó el director ejecutivo de Puertos, los gastos operacionales de la corporación se redujeron de $156 millones en el fiscal 2012-2013 a $89.3 millones en el presente año fiscal 2013-14. Proyectó que para el próximo periodo fiscal habrá una reducción adicional de $5 millones.

Suárez presentó, sin embargo, varias situaciones que, dijo, “afectan el que podamos alcanzar nuestra meta en un periodo menor al esperado”.

Mencionó entre estas el hecho de que la Autoridad no pudo refinanciar la deuda que quedó pendiente tras la transacción con el aeropuerto internacional y que la misma fue asumida por el Banco Gubernamental de Fomento, lo que elevó el pago original de $18 millones a cerca de $65 millones. “Al presente nos encontramos en conversaciones con el BGF para buscar alternativas a esta situación”, sostuvo.

También mencionó una determinación del Tribunal Federal que sostuvo la validez del “escaneo” de furgones, pero le impidió cobrar en las instalaciones donde se trabaja carga suelta o donde el equipo no está instalado. “Eso tiene el efecto de reducir el ingreso de la Autoridad en sobre $5 millones y nos impide cobrar sobre $3.5 millones adeudados por navieros que están en esa categoría”, explicó.

Otro factor que según Suárez ha afectado la recuperación de la salud fiscal de la corporación es que han tenido que pagar créditos adeudados a compañías de cruceros que no se incluyeron en presupuestos pasados, y también por servicios de la Autoridad de Transporte Marítimo que no le corresponden.

La obligación con las compañías de cruceros es de cerca de $20 millones que fueron pagados con fondos propios de la Autoridad. Señaló que la agencia “se encuentra todavía reclamando esta cantidad de dinero a la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, agregó Suárez.