La controversia en torno a si los acusados por el esquema de fraude primarista en Guaynabo deben ser juzgados por el Código Penal o el Código Electoral resurge este lunes cuando unos 14 casos que se verán en una vista preliminar en alzada, en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

En estos casos, la jueza superior Myriam Camila Jusino, encontró causa probable, pero reclasificó los delitos por el Código Electoral. Inconformes con el resultado, los fiscales, Edmanuel Santiago Quiles, Loraine Pietri Colón y Edwin Ortiz -de la División de Integridad Pública, del Departamento de Justicia-, acudieron en alzada.

El fiscal Santiago Quiles, dijo que en la vista del lunes insistirá en que los delitos ocurrieron en el contexto electoral, pero las denuncias imputan otras conductas penales, como apropiación ilegal de identidad, archivo y traspaso de documentos falsos y perjurio.

El Estado alega que los acusados hicieron transferencias electorales falsas con la intención de votar en la primaria novoprogresista en Guaynabo celebrada en enero de 2012, entre el entonces representante, Ángel Pérez y el hoy incumbente, Antonio “Tony” Soto, candidato que apoyaba el alcalde Héctor O’Neill.

Ya una de las acusadas -Iris Azalea Miranda Gallardo- se declaró culpable de tres infracciones al artículo 12.005 del Código Electoral del Siglo XXI titulado "Violaciones al ordenamiento electoral". Miranda Gallardo fue sentenciada a una multa de $1,500.

Según la denuncia contra Miranda Gallardo, la mujer acudió a una Junta de Inscripción Permanente en Guaynabo el 27 de enero de 2012 y pidió cambiar su lugar para votar porque vivía en la urbanización Ponce de León de Guaynabo, cuando su verdadera dirección de residencia es en San Juan.

Mientras tanto, el juicio contra una docena de imputados se encuentra paralizado hasta que el Tribunal de Apelaciones determine si desestima o no los casos contra los imputados. “Esta determinación aplicaría a todos los casos”, dijo el fiscal Santiago Quiles.

Los casos se radicaron luego que una investigación de El Nuevo Día develó que decenas de electores hicieron transferencias con direcciones falsas con el objeto de votar en el proceso primarista.