Bajo investigación de Justicia y DACO nuevo cargo impuesto por navieras

02/05/2013 | 02:15 p.m.
Según el secretario del DACO la investigación de esa agencia comenzó el pasado 11 de diciembre.

El nuevo cargo impuesto al unísono por cuatro empresas navieras a la carga que transportan a Puerto Rico es objeto de investigación por los departamentos de Asuntos del Consumidor (DACO) y de Justicia, informó hoy, martes, el titular designado de DACO, Nerys E. Adames Soto.

“En DACO, estamos coordinando nuestra investigación con la División de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, unidad encargada de investigar y procesar prácticas monopolísticas, y la cual tiene a su disposición peritos que pueden asistir de forma efectiva en la evaluación, bajo la óptica de las leyes antimonopolio aplicables”, dijo Adames Soto a la Comisión de Asuntos del Consumidor y Prácticas Antimonopolísticas de la Cámara de Representantes, que realiza audiencias públicas sobre estas alzas.

“En este esfuerzo multiagencial, el Departamento de Asuntos del Consumidor coordinará con el Departamento de Justicia para aunar recursos y compartir información de forma que cada parte pueda estar en la mejor posición posible para llevar a cabo su función dentro de su jurisdicción”, agregó.

Según el secretario del DACO la investigación de esa agencia comenzó el pasado 11 de diciembre, cuando se le requirió a las empresas navieras que “explicaran los fundamentos del aumento anunciado”.

Indicó que entre el 17 y el 20 de diciembre de 2012 se recibieron las contestaciones, y afirmó que, “luego de estudiar dichas contestaciones, el DACO ha determinado que las mismas son incompletas y estamos insistiendo en que se produzca toda la información requerida”.

 Aseguró que la investigación está activa y advirtió que “de no recibirse contestaciones completas y directas, el Departamento tiene la facultad de imponer multas y requerir el auxilio del tribunal”.

En su ponencia, el secretario del DACO enumeró las distintas ocasiones en que estas mismas empresas navieras fueron declaradas culpables de violaciones a leyes federales por la fijación de precios en sus operaciones en Puerto Rico, los cargos radicados a algunos de sus directivos y las multas que han tenido que pagar por dicha conducta.

Adames Soto no descartó buscar una solución por medio del diálogo. “De forma paralela, se entablará próximamente un proceso de diálogo con esta industria para auscultar la posibilidad de que se desista voluntariamente de la iniciativa del aumento y se exploren otras alternativas”.

Recordó que el alza anunciada por las cuatro empresas navieras que sirven a Puerto Rico en su tráfico marítimo con Estados Unidos, fluctuaría entre $12 y $20, por día de uso de los “chasis” para los contenedores, y solo aplicaría a Puerto Rico y no a las demás jurisdicciones de Estados Unidos.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Productos de Puerto Rico, Jaime R. Morales, recordó que las principales organizaciones que representan el sector productivo del país se oponen al nuevo cargo.

 “La manera en que se impuso este cargo levanta serias dudas sobre las posibles intenciones de fijar el mismo en coordinación, dejando sin opciones reales a las empresas puertorriqueñas”, sostuvo.

Morales subrayó que cualquier discusión sobre transporte marítimo “debe considerar el impacto de la Ley Jones y las disposiciones sobre cabotaje aplicables a Puerto Rico. Afirmó que es importante “que continuemos buscando alternativas que, como mínimo, provean exenciones de la aplicación de la referida ley de cabotaje al transporte de materia prima”.