El candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, solicitó hoy al gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que reconsidere su posición de vetar el proyecto aprobado unánimemente tanto en Cámara como en el Senado, que deroga la puesta en marcha del Impuesto al Valor Añadido (IVA) y el aumento al impuesto a transacciones entre negocios (B2B).

“El informe sobre la captación del impuesto sobre ventas y uso (IVU), presentado el pasado miércoles por el Departamento de Hacienda, reflejó que el recaudo del IVU sobre las mercancías supera el 70%, mientras que el de los servicios no alcanza el 50%, lo que fortalece mi petición de derogar el aumento del impuesto de servicios de negocio a negocio (B2B). Además, del propio informe se desprende que el impuesto al consumo de servicios es más fácil de evadir y más difícil de fiscalizar, por lo que representa un gran reto para llegar a recaudar los $50 millones que proyecta Hacienda”, expresó Bernier sobre los resultados del informe en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el presidente de la pava, el impuesto a los servicios de negocio a negocio ha sido objetado por la inmensa mayoría de los actores económicos del País, por lo que pudiera ser contraproducente que el Gobierno de Puerto Rico continúe impactando adversamente a los sectores empresariales para intentar recaudar un impuesto tan ineficiente y de difícil captación. “Este impuesto es adverso a las microempresas y pequeños negocios (PyMEs), debido a que una empresa grande puede tener dentro de su nómina los servicios legales o de contabilidad que necesita, mientras que las pequeñas empresas tienen que contratar estos servicios, los cuales estamos gravando con un impuesto. Este impuesto de negocio a negocio perjudica a las empresas pequeñas a la vez que otorga una ventaja competitiva a las empresas más grandes”, expresó Bernier.

“Por tal razón, solicitó al Gobernador que ante la realidad del impacto adverso de este aumento responda al clamor del país estampando su firma al proyecto aprobado unánimemente por la Asamblea Legislativa y derogue este aumento, que al fin de cuentas perjudica al 85% del sector comercial del País, y no genera ingresos suficientes para compensar el impacto adverso a nuestra economía. Con la derogación de este impuesto se estará dando el espacio necesario para que el nuevo gobierno pueda en enero de 2017 poner en marcha una transformación integral del sistema contributivo avalada por las urnas, preferiblemente producto de un amplio consenso político y social”.