El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) ha dado cuenta de lo difícil que se le ha hecho obtener información sobre las compañías que adquirieron más de $3,000 millones en bonos de Puerto Rico en una emisión de principios de 2014, gestión que se ha catalogado como “la transacción de bonos basura más grande y más costosa de la historia”. 

La entidad sin fines de lucro demandó al BGF en julio al amparo del derecho al acceso a la información pública para que ofreciera los detalles. Sin embargo, desde que el periodista Joel Cintrón Arbasetti inició la solicitud en marzo pasado, funcionarios de la agencia, incluyendo a su presidenta Melba Acosta, han dicho que esa información no está en sus manos, sino de Barclays, firma que actuó como administrador del libro de la oferta y líder del sindicato de suscriptores de dicha emisión de bonos.

“En la medida en que el CPI no está solicitando un documento público y que la información requerida está en manos de terceros y no del BGF, el BGF no tiene un deber ministerial de producirla”, señala una de las mociones de desestimación presentada el 11 de agosto por la abogada del BGF Giselle López Soler.

En su más reciente publicación sobre el asunto, el CPI estableció que pidió a Barclays los datos, pero que la firma respondió mediante su portavoz Mark Hazelton, que “generalmente no provee esta información”. Sugirió entonces al CPI que la buscara en el Sistema Electrónico de Acceso al Mercado Municipal (EMMA, por sus siglas en inglés) ,que es gestionado por la Junta Reguladora de Bonos Municipales (MSRB en inglés). 

El CPI, señala, siguió la recomendación de Barclays, a pesar de que ya había hecho este ejercicio meses atrás.

En esta gestión resultó que la página de EMMA no tiene la información, detalle que también confirmó la principal oficial de comunicaciones de MSRB, Jennifer A. Galloway, pues "las leyes de valores federales no requieren a emisores de valores o aseguradoras municipales revelar la identidad de los tenedores de bonos. El reglamento de la Municipal Securities Rulemaking Board (MSRB) y otras leyes federales rigen ciertas divulgaciones de información relevante para los inversores en bonos municipales, información que sí está disponible en la página web del MSRB: EMMA”.

“En resumen, el BGF dice que no tiene la información sobre la deuda que emitió, sino que la debe tener Barclays. Barclays a su vez dice que no divulga esa información, que se debe conseguir en la base de datos de EMMA. Esta última no tiene la información”, lee el reportaje del CPI.

El Centro también ha solicitado al BGF que directamente pida la información a Barclays.

En su moción más reciente, del 31 de agosto, el BGF insiste en que la parte demandante no ha demostrado que lo solicitado es un documento público. Además, establece que con la petición del CPI de que el BGF solicite a Barclays la información que interesa “pretende que el BGF y sus funcionarios lleven a cabo labores de recopilación de información e investigación que no le corresponden”. 

La negativa del BGF de proveer la información constituye un gesto “absurdo” e “insostenible”, según catalogó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

“El gobierno le dijo a sus ciudadanos que este proceso de negociación de la deuda sería transparente, pero se niega a revelarles quiénes compraron la deuda pública. ¿Por qué se oculta esta información? ¿Qué confianza podemos tener en este proceso, si se maneja a oscuras? El gobierno espera que creamos que no sabía a quién le vendió en 2014. El emisor de deuda, que fue el BGF, debe tener la información, pues tiene que emitir pagos. Si no, ¿con qué legitimidad entonces se está reuniendo y negociando con estas firmas, si alegadamente no sabe si tienen o no bonos del gobierno?”, apuntó Minet.