Con miras a mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes del sistema público, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, pondera atar las asignaciones presupuestarias que recibe el Departamento de Educación (DE) al desempeño que demuestren los alumnos.

La posibilidad de que se adopte esa práctica durante la consideración del presupuesto del próximo año fiscal es remota, pero el líder senatorial dejó entrever este martes que pronto comenzará a darle forma a la propuesta como un mecanismo para fijar algún tipo de “consecuencia” por las pobres ejecutorias de algunos estudiantes, reflejadas principalmente en los resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA).

“Creo que vamos a llegar a eso”, manifestó Bhatia cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que se condicione la inversión pública en la educación al desempeño del estudiantado.

“Eso lo han hecho muchos países que han comenzado a supeditar (el presupuesto), tanto desde la perspectiva positiva como negativa, darle un bono de aprovechamiento académico a aquellos maestros que son buenos y hacen su trabajo, y hacen su tarea y se preocupan por sus estudiantes, como a la vez, en aquellos donde es todo lo contrario, tiene que haber una consecuencia”, añadió el presidente senatorial en un aparte con la prensa al salir de la vista pública sobre el presupuesto del DE.

Durante la audiencia pública, Bhatia insistió en la necesidad de imponer responsabilidades y que se establezcan claramente cuáles serían las consecuencias por la labor deficiente de los alumnos. Al dirigirse al secretario del DE, Rafael Román Meléndez, el líder del Alto Cuerpo repasó los resultados de las PPAA en decenas de planteles de diferentes regiones educativas en los que los estudiantes fracasaron en la materia de matemáticas. 

“Se me cae la cara de vergüenza a mí de seguir aprobando un presupuesto al DE sin que vea unos cambios fundamentales en el aprovechamiento de nuestros niños. Aquí, tiene que haber unas consecuencias”, subrayó.

Román Meléndez, por su parte, defendió la “confiabilidad” de las PPAA, pero advirtió que son solo un indicador entre casi una veintena de criterios que se utilizan para medir las ejecutorias de los estudiantes del sistema público. 

El titular del DE, además, coincidió en que es necesario que se tomen acciones por el pobre desempeño de los alumnos, y dijo que a esos fines se estableció un plan piloto en 219 escuelas durante el año académico que acaba de concluir para evaluar a los docentes, y resaltó que uno de los parámetros es el resultado obtenido por los estudiantes en las PPAA. Adelantó que, en agosto, adoptarán el reglamento para evaluar el personal, que aplicará a todas las instituciones.

“El tema de las consecuencias es un tema muy latente y que estamos tomando medidas… estamos moviéndonos a que haya consecuencias, definitivamente. Sobre el tema del desempeño de los estudiantes, hay que ver todo el marco completo, amplio, incluyendo cuáles son los otros indicadores que están afectando”, señaló el funcionario.

Román Meléndez defendió el presupuesto consolidado de $2,895.9 millones recomendado para el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio. La cantidad asignada con cargo al Fondo General representa un recorte de $149.3 millones en comparación con el presupuesto vigente.

El secretario mencionó que han tomado medidas de disciplina fiscal para establecer mayores controles en el manejo presupuestario, como reducir los contratos de servicios profesionales y los gastos de transporte escolar, entregar locales en desuso y reubicar oficinas, han consolidado escuelas, optimizado el modelo de asignación de maestros y han revisado los servicios de seguridad en los planteles. Ello, según dijo, supone un recorte de $240 millones en los gastos de la agencia.

Además, reiteró los cambios en la matrícula estudiantil, que se proyecta se contraerá en 22% para el año 2020. Desde la década de 1980, el número de estudiantes en escuelas públicas ha bajado en 41%. 

Dijo también que, para el 2020, en las escuelas se utilizarán cinco de cada 10 salones debido a la merma en la matrícula. 

Como parte de la discusión durante la vista de la Comisión senatorial de Hacienda, Bhatia también cuestionó a Román Meléndez sobre la posibilidad de que entidades no gubernamentales administren aquellos planteles con pobre desempeño siguiendo las disposiciones de la “Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa de Puerto Rico” (Ley 213-2012).

Román Meléndez señaló que las instituciones que se rigen por esa ley no están clasificadas como escuelas públicas, aunque son financiadas con fondos del estado y algunas operan en instalaciones del gobierno.

“Entendía que las escuelas alternativas eran públicas, pero parece que no, y eso levanta una serie de interrogantes de lo más curiosas de que ya existe un precedente de escuelas que no son públicas, pero que las financia el estado”, dijo Bhatia luego de la vista en reacción al intercambio que sostuvo con Román Meléndez.

“En ese sentido, ¿por qué parar ahí y por qué no buscar a quien mejor pueda administrarlas y que las pague el estado?... ¿Por qué no acudir a gente que podrían lograr las mejores escuelas públicas del país? ¿Por qué no? Eso es importante que los miremos”, aseveró el líder senatorial.