Boston cita audiencia en caso que podría impactar 500,000 electores

10/04/2012 |06:10 p.m.
El pleito legal es el de la electora Myrna Colón Marrero contra Héctor Conty Perez, como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

El Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston citó para el próximo jueves, 11 de octubre, a una vista argumentativa que podría determinar el derecho al voto de sobre 500,000 electores puertorriqueños que fueron excluidos de las listas electorales por no participar de las elecciones del 2008.

La información la ofreció hoy, jueves, el representante popular Charlie Hernández, quien es parte del caso en que se reclama que la Ley Electoral de Puerto Rico choca con la ley federal que prohíbe la exclusión de electores por no participar en una elección, más exige a los organismos electorales notificar al elector que su registro está en riesgo o va a ser eliminado.

El pleito legal es el de la electora Myrna Colón Marrero contra Héctor Conty Perez, como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La vista fue citada para las 11:00 de la mañana del jueves en la ciudad de Boston, y se le ordenó a la CEE explicar cuáles serían las consecuencias prácticas de la reactivación de aquellos electores que fueron inactivados por la ley de Puerto Rico.

José Nieto, abogado de la CEE, confirmó la participación de la representación legal del organismo en la audiencia y adelantó que mantendrán allí su posición de que estos estatutos federales no aplican a Puerto Rico, y que resultaría muy oneroso a estas alturas hacer los cambios que requeriría la adición de estos electores.

En la orden que emitió el tribunal Apelativo se invita al Secretario de Justicia de los Estados Unidos a que comparezca como amigo de la corte para que exponga su posición sobre si la leyes federales electorales aplican a Puerto Rico y sobre el alegato de que si las mismas no se ponen en vigor en la Isla se estaría violando la cláusula de igualdad de derechos (Equal Protection Clause).

 Los estatutos federales a los que alude el recurso judicial y sobre los cuales deberá expresarse el Secretario de Justicia de los Estados Unidos son el "National Voter Registration Act" de 1993 (NVRA) y las disposiciones que le agregó a esta la "Help America Vote Act" de 2002 (HAVA).

  “Nuestra Ley Electoral atenta contra derechos electorales básicos al castigar al ciudadano por ejercer su derecho a no votar”, expresó el representante Hernández. “Además, choca con disposiciones de la ley federal que expresamente prohíben esa conducta. Como resultado sobre medio millón de personas fueron excluidos ilegalmente del registro electoral”.

Uno de los abogados del caso, el profesor Carlos del Valle Cruz, explicó que en el recurso judicial “hemos solicitado que se restituya el derecho al voto a todo elector excluido ilegalmente. Nunca debieron sacarlos del registro. Eso es una privación injustificable de derechos constitucionales básicos”.

Advirtió Del Valle que la posición que adopte el Secretario de Justicia de los Estados Unidos en esta controversia podría tener impacto directo sobre la situación política de Puerto Rico, porque lo que está en juego es si a los residentes de la Isla se le reconocerán los mismos derechos fundamentales que reconoce la legislación federal a los ciudadanos de los estados. Recalcó que el derecho al voto es uno de esos derechos fundamentales.

Este caso se inició con el reclamo de una electora que fue excluida del registro y se presentó originalmente ante la Comisión Estatal de Elecciones, indicó Hernández. La petición fue rechazada allí por lo que se acudió al Tribunal Federal de Distrito, que también falló en contra de la demandante.

“Hay tiempo suficiente para que el Tribunal conceda un remedio que restituya los derechos constitucionales eliminados por la Comisión Estatal de Elecciones, afirmó Hernández.

CEE MANTENDRÁ SU OPOSICIÓN A LA INCLUSIÓN DE NUEVOS ELECTORES (subtit)

Nieto explicó que la posición de la CEE es que los estatutos federales a los que se refiere el recurso judicial no aplican a Puerto Rico.

“Eso fue lo que la juez (Carmen) Cerezo decidió”, dijo aludiendo a la determinación del tribunal federal en San Juan.

“La otra cosa que es importante es que en ningún momento esa persona fue a reactivarse. Era más fácil reactivarse que contratar a un abogado, señaló Nieto. “Esa persona escribió una carta a través de un abogado cuando aún no había terminado el periodo de inscripción. Se le contestó que fuera a inscribirse a la Junta local y se le explicó que era un proceso sencillo que le tomaba cinco minutos”, agregó.

“Lo que están tratando de hacer es imponer un criterio de que voy a votar en Puerto Rico sin cumplir con los estatutos de Puerto Rico”, declaró el representante legal de la CEE.

 Añadió que otro argumento que utilizarán será el impacto que tendría, a un mes de las elecciones, incluir 300,000 personas al registro.

“Hay que detenerse para hacer unas listas nuevas, hay que imprimir papeletas adicionales y abrir más colegios. En la CEE operamos a base de calendarios. Lo más importante es que la fecha de las elecciones es un requisito constitucional, que no se puede cambiar ni atrasar”, observó el abogado.

Según los datos de la CEE, cerca de 260,000 de los 500,000 que fueron sacados del registro electoral, se reactivaron para participar en estas elecciones, por lo que la determinación impactaría de inmediato a los restantes.