Dos proyectos de ley que buscan atender el problema de la obesidad en Puerto Rico son evaluados por la Cámara de Representantes, cuya Comisión de Salud realizó hoy, miércoles, audiencias públicas en las que ambos fueron respaldados por los Departamentos de Salud y Educación, así como por el Colegio de Nutricionistas y Dietistas.

El Proyecto del Senado 673 propone declarar como política pública del Estado Libre Asociado que la obesidad se reconozca como una condición de salud. Mientras, el proyecto de la Cámara 1846 propone crear la “Ley de Medición del Índice de Masa Corporal de Menores para la prevención y tratamiento de la obesidad infantil”. 

Durante la audiencia se expuso el impacto de la obesidad en la Isla y portavoces gubernamentales, así como nutricionistas, favorecieron con enmiendas la aprobación de las medidas. 

La Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud, señaló que datos de 2013 obtenidos a través del “Behavioral Risk Factor Suveillance System” documentan que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta fue de 66.6%, lo que representa seis de cada diez adultos en la Isla.

Nilvia A. Fernández, portavoz de la citada comisión, además, destacó que “datos del Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta reporta para el mismo año una prevalencia de sobrepeso y obesidad de 25.8% en adolecentes”.

Estos datos llevan a la conclusión de que “esta alta prevalencia representa un problema de salud pública prioritario que exige la puesta en marcha de una política pública que reconozca su origen multifactorial”, sostuvo al testificar en la audiencia legislativa. 

Datos similares fueron citados en una ponencia firmada por la secretaria de Salud, Ana del C. Rius, que apoyó el proyecto senatorial con varias enmiendas. 

El Departamento de Educación favoreció también el citado proyecto con la recomendación de que sea la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico la que lleve a cabo el monitoreo y la evaluación de los hallazgos y resultados de las políticas e intervenciones de las agencias para prevenir y disminuir el sobrepeso y la obesidad en la población boricua.

El proyecto cameral fue igualmente respaldado por las agencias y entidades que participaron en la audiencia, aunque se levantaron dudas sobre la implantación de estas mediciones de índice de masa corporal, por el lado de los profesionales que las tomarían y por la forma o mecanismo que se utilizaría para comunicar a los padres de los menores los hallazgos.

“La medida establece la creación de un Protocolo de Orientación sobre Nutrición Infantil e Índice de Masa Corporal en Menores para las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y que las mismas informen a los padres, madres o custodios sobre el riesgo de obesidad. Esta información es muy delicada y sumamente confidencial para que pueda ser manejada por cualquier personal de la institución”, advirtió la presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas, Brenda Soltero.

El Departamento de Salud, por su parte, presentó varias recomendaciones para el manejo de estos datos y levantó la preocupación por el hecho de que “el establecimiento y funcionamiento de lo contemplado al amparo de esta ley requiere de una asignación presupuestaria especial que apoye el andamiaje y procesos necesarios para implantar las diferentes fases”.