Aguada - “Delitos que son la orden del día podrían estar aportando a un fondo especial que garantice vidas”.

Los imputados de cometer delitos por violencia doméstica y/o sustancias controladas, que sean referidos a acogerse a algún plan de desvío, pronto podrían tener que pagar una contribución especial de $300.00, de aprobarse legislación presentada que busca crear un fondo especial para recaudar dinero para garantizar el desarrollo del Centro de Trauma del Oeste.

Actualmente en Puerto Rico la mayoría de los pacientes de trauma tienen que ir al Centro Médico en Río Piedras, mientras en Mayagüez se intenta levantar un segundo Centro de Trauma que aliviane esa demanda de casos politraumatizados en el área metro.

El Proyecto de la Cámara 2097 de la autoría del representante José “Tony” Rodríguez, busca fijar una contribución especial de $300.00 a estas personas que hayan cometido delito por primera vez, dinero que pasaría a este fondo especial que sería utilizado para finalizar las etapas 5 y 6 del Centro de Trauma en el oeste y sus operaciones de manera recurrente. 

“Es similar a la pena especial dirigida al fondo para víctimas del crimen, que se les fija a los convictos en esos casos, pero aquí, sería una contribución especial porque no tienen sentencia. Hasta ahora estos (delincuentes) no aportan nada, habiendo el gobierno activado todo un sistema”, acotó Rodríguez. 

Actualmente toda persona que viole por primera vez la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54) o la Ley de Sustancias Controladas, tiene derecho a ir a un programa de desvío concedido por el Tribunal a petición de su abogado. Si el ofensor cualifica, pasa a este programa de sentencia suspendida con ciertas restricciones, pero sin afectársele su registro de buena conducta y sin pagar ninguna multa.

Un análisis conservador a base de cinco a seis casos por semana -de delitos por violencia doméstica y/o sustancias controladas- y multiplicado por todos los centros judiciales en Puerto Rico, estima que podrían ser recaudados entre $1 millón a $3 millones anuales, según sostuvo el legislador del distrito de Isabela. 

“El programa de desvió es una sentencia suspendida. Siempre hemos creído que esa persona debe por lo menos hacer una contribución especial, ya que (con la comisión de delitos) activaron todo un sistema judicial, que va desde los agentes de orden público (que investigan el caso), fiscales, jueces y tribunales, y no se les impone nada”, señaló el legislador.

El proyecto pasa ahora a una etapa de vistas públicas, donde se esperan ponencias de sectores tales como la Oficina de Servicios para la Asistencia Legal (OSAJ) y Administración de Tribunales.

Este último tendrá que hacer la cuenta especial, para de allí asignar anualmente los fondos, de los que será custodio el Municipio de Mayagüez, actual propietario del Hospital Ramón Emeterio Betances.

Desde el 2002 estas instalaciones las administra Mayagüez Medical Center bajo un acuerdo de entendimiento con el Departamento de Salud, por el cual el 93% de los casos de trauma ya se atienden en Mayagüez.

Los representantes Armando Franco, Carlos Bianchi Angleró, Charlie Hernández, Efraín de Jesús, Lydia Méndez y Nelson Torres Yordán ya dieron su aval a la medida, pues aseguran que la medida redundaría en una ayuda directa a sobre 500 mil personas de 18 pueblos del oeste, que actualmente tienen que viajar a Río Piedras a recibir tratamientos en casos de trauma.