Bajo una gran carpa blanca, líderes de varios sindicatos reafirmaron hoy, lunes, su repudio al proyecto administrativo para modificar el principal sistema de retiro de los empleados públicos.

Mientras la protesta enérgica se mantenía frente al lado norte del Capitolio, delegados de varias uniones obreras procuraban reunirse con representantes populares para romper el consenso de la mayoría parlamentaria y frenar la aprobación del proyecto, que ambas cámaras consideran llevar a votación en sus respectivas sesiones esta tarde.

Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos (SPU), uno de los grupos organizadores de la jornada de protesta, cabildeo y vigilia en la Legislatura, dijo a este medio que poco antes de la Semana Santa al menos tres representantes les manifestaron que tenían dudas sobre el alcance del proyecto que se llevará a votación.

"Hoy, sin embargo, no hemos podido hablar con ellos porque están en caucus", lamentó González, poco después que otros líderes recriminaran desde su tarima la "falta de transparencia" de los legisladores populares.

"Buscamos cinco o seis representantes valientes que tengan el valor de votar en contra del proyecto", insistió González, quien dijo que legisladores populares de la Cámara de Representantes se han mostrado inclinados a no apoyar la reforma del Sistema de Retiro defendida por Bhatia.

Aunque no los mencionó por sus nombres, dijo que en principio dieron muestras de apoyar a los trabajadores representantes populares de las zonas Sur, Oeste y Central. Mientras periodistas entrevistaban a los líderes que encabezan la protesta, asistentes comentaron que a pesar de estar en caucus, ya al menos dos legisladores populares anticiparon que se abstendrían al momento de votar, si el proyecto, como se anunció, baja a consideración final en la Cámara.

"Hemos hecho numerosas propuestas para atender la crisis del Retiro sin afectar a los futuros pensionados, pero hoy, más que hablar de propuestas, lo que procede es parar el proyecto", puntualizó González.

"No estoy dispuesta, tras 30 años de servicios a depender de cupones o de ayuda social cuando me retire", tronó desde la tarima Sandra Pacheco, empleada del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Mientras, Héctor Ortega, representante internacional de United Auto Workers y retirado tras 31 años de servicio en la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado se pronunció solidario con la lucha de los empleados de la mayoría de las dependencias estatales que repudian el Proyecto 888.

Tras la manifestación, los empleados se moverían a las gradas del hemiciclo para vigilar de cerca el proceso de discusión y votación de los proyectos.

 La minoría del Partido Nuevo Progresista en Cámara y Senado y la senadora independentista María de Lourdes Santiago anticiparon que no apoyan la citada pieza legislativa.

 El proyecto aumentaría entre 61 a 67 años la edad del retiro para miles de empleados públicos, excepto para policías y bomberos, que en su mayoría podrían retirarse a los 55 años o a los 58, si son de reciente reclutamiento.

La medida, además, congela la estructura de pensiones vigente al 30 de junio, y a partir de esa fecha impone un sistema de cuenta de ahorros que se nutriría con una aportación mínima de 10% del salario de cada empleado, pero no tiene aportaciones patronales.

Ese tipo de sistema híbrido, con anualidades basadas en la aportación a la cuenta individual de cada empleado, carece de los bonos especiales de verano y de medicina, entre otros incentivos del sistema vigente.

El Sistema de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado, que se pretende reformar con el Proyecto 888, tiene un déficit actuarial de $35,000 millones. Ese sistema no cubre a los maestros de las escuelas públicas, pero otro proyecto similar, se sometería próximamente para incluir modificaciones que ayuden a combatir el déficit actuarial de ese otro sistema.

También están pendientes enmiendas al sistema de pensiones de los jueces.