Representantes de diversos grupos profesionales y de la academia se reunieron hoy con el objetivo de identificar los distintos recursos que están disponibles en la comunidad para atender la situación de emergencia identificada en el Departamento de la Familia por la acumulación de miles de querellas de posible maltrato a menores sin atender.

La reunión fue convocada por la senadora Rossana López y participó además la titular de la Administración de Familias y Niños, Vanessa Pintado, y el presidente de la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes, José Báez.

“Hemos unido voluntades, tanto la academia como el tema de salud, diferentes servicios psicológicos, consejería, diferentes organizaciones de trabajo social y otras áreas”, explicó López durante un receso en la reunión para atender a la prensa.

 “Me siento más orgullosa aún porque no solamente están representados los que están activos aún, sino también los jubilados, que también nos van a estar acompañando en este proceso”, detalló López.

Explicó que “la iniciativa tiene como propósito ayudar en el proceso de obtener recursos rápidos a corto, mediano y largo plazo, ante la situación que se ha encontrado en el Departamento de la Familia con respecto a la cantidad de querellas que tienen a su haber trabajar”.

Adelantó que parte de los acuerdos que se alcanzaron hoy es que las entidades y agrupaciones van a suplirle a la Comisión que preside, la de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social toda la información sobre los recursos que pueden aportar.

 “Se nos va a suplir, a través de todos los compañeros en esta misión que tenemos, que son, qué recursos tienen, dónde están, horas, prácticas interdisciplinarias....”, detalló.

Señaló que también está trabajando con las agencias gubernamentales que puedan participar en este esfuerzo, tales como los departamento de Educación, Trabajo y Vivienda.

Adelantó además que el Departamento de la Familia va a establecer “unas estructuras de protocolos” que viabilicen la participación de estas entidades.

 “La Comisión que yo dirijo va a estar obteniendo la información respecto a todos estos recursos. Estamos tomando minutas, se nos va a traer otra información específica que podamos discutir aquí y luego se lo pasaremos al Departamento de la Familia, para que pueda encausar esto y después seguir un trabajo colaborador junto a los cuerpos hermanos en este caso”, recalcó.

Familia ya inició gestiones

La administradora de ADFAN, Vanessa Pintado, precisó que será el Departamento el que realice las investigaciones y las evaluaciones y que estos recursos aportarán en el seguimiento y apoyo a estos casos.

“Nosotros como agencia tenemos un deber ministerial que es indelegable y lo vamos a llevar a cabo. Pero también queremos saber qué otros recursos están disponibles que puedan ayudar en este propósito”, explicó.

“El Departamento tiene que hacer su función y lo está haciendo. Es titánica la tarea y queremos identificar qué otros recursos tenemos disponibles para ayudar en esa tarea. No solo es la investigación, eso es un aspecto. Sino también los servicios que están disponibles en la comunidad para ayudar a esas familias”, agregó.

Informó Pintado que el Departamento ya contrató servicios externos para atender unas 1,100 querellas con premura. El contrato, explicó es de $485,000 y se le otorgó a l Instituto de Terapia Familias que dirige la trabajadora social Rita Córdova.

Simultáneamente, explicó, se irá reclutando el personal que será necesario para devolver al Departamento su capacidad para atender sus responsabilidades.

Adelantó que el presupuesto, que antes estaba asignado a los contratos de publicidad, se va a destinar a esas funciones y estimó los mismos en $14 millones.

 Según Pintado, su agencia perdió cerca de 1,100 trabajadores como resultado de la aplicación de la Ley 7, que provocó el despido de cerca de 4,000 trabajadores en total en el Departamento de la Familia.