El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, radicó este jueves una medida legislativa para regular la otorgación de contratos de asistencia legal en aquellas dependencias gubernamentales que cuentan con sus propios abogados o divisiones legales.

Según Aponte Hernández, el limitar este tipo de contratación, especialmente ante la crisis fiscal que atraviesa el Gobierno, redundaría en ahorros anuales de millones de dólares.

Su propuesta, que representa una enmienda a la “Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006”, surge ante la práctica “desmedida” de contratar abogados aun cuando la agencia tienen una División Legal.

 “El gigantismo gubernamental tiene muchas vertientes y una de esas es la contratación desmedida de asesores legales externos. Esto ocurre en casi todos los departamentos, agencias y corporaciones públicas que comprende la Rama Ejecutiva. Es tiempo de limitar este gasto que anualmente asciende a millones de dólares. Debemos comenzar con colocar límites en la contratación de consultores legales en las agencias que cuentan con divisiones legales”, señaló el líder estadista en un comunicado de prensa.

Su propuesta enmienda el Artículo 18-A de la Ley de Reforma Fiscal a fin de “reducir en la Rama Ejecutiva la contratación de asesores legales externos en aquellas agencias, dependencias y corporaciones públicas que cuentan con divisiones y/o unidades internas de servicios legales”.

Indicó que según los diversos boletines informativos que circula la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la contratación de servicios profesionales y consultivos es un recurso de medida excepcional a ser utilizado únicamente cuando la entidad contratante no cuente con los recursos internos necesarios para prestar los servicios que se necesitan.

El Contralor también explica que en nuestro ordenamiento jurídico existen diversos preceptos legales que guían el proceso de contratación gubernamental, los cuales facilitan la fiscalización de los fondos públicos, dijo.

Sin embargo, Aponte comentó que aunque en el pasado se han aprobado leyes, órdenes ejecutivas, reglamentos y cartas circulares, no se ha aplicado ningún control en la contratación.

“A pesar de las regulaciones existentes para limitar o evitar la contratación desmedida de servicios legales externos, muchas agencias del Gobierno continúan con este gasto innecesario en este momento. Lo cierto es que Puerto Rico se encuentra enfrentando un problema económico serio que nos obliga a tomar medidas más drásticas. El proyecto que radicamos busca, por primera vez, regular la otorgación de contratos de asistencia legal a aquellas dependencias gubernamentales que cuentan con sus propios abogados o divisiones legales”, enfatizó el también secretario del Partido Nuevo Progresista.