Como “perros y gatos” reaccionaron ayer veterinarios y proponentes de un controvertible proyecto de ley que propone la esterilización obligatoria y la veda por cinco años de la compraventa de mascotas en Puerto Rico.

La Comisión de Salud y Nutrición del Senado dedicó cuatro horas a escuchar los argumentos a favor y en contra de más de una docena de ponentes y al finalizar la audiencia el presidente del organismo legislativo, José Luis Dalmau, no pudo asegurar que la pieza de ley pueda ser aprobada, antes del sábado, cuando finaliza el término para aprobar medidas en ambos cuerpos legislativos. La sesión ordinaria, última del presente cuatrienio, expira el jueves 30 de junio.

La vista, que estuvo atestada todo el tiempo en el Salón Leopoldo Figueroa, se caracterizó por los continuos aplausos y abucheos entre las partes en controversia.

Dalmau dijo que preparará un informe y que lo discutirá con los miembros de la Comisión, pero subrayó que las cámaras legislativas están contra el reloj.

“Voy a hacer mi mayor esfuerzo, pero quedan cuatro días para que el proyecto pueda ser aprobado en ambos cuerpos. El problema de los animales realengos hay que atenderlo, pero la medida como estaba redactada era muy rígida”, sostuvo el senador de la mayoría popular. Lo acompañó en la vista pública el senador Ángel “Chayane” Martínez, de la minoría novoprogresista.

La medida fue sometida por el senador Jorge Suárez, a petición de la organización Humane Society.

Yolanda Álvarez, portavoz de la citada entidad en Puerto Rico, argumentó que el proyecto lo que busca es reducir la cantidad de animales abandonados en las calles y en los albergues en el país.

La abogada propuso como enmienda a la medida que el dueño de la mascota que no desee esterilización obligatoria, deberá pagar una licencia anual . “Eso lo que va a hacer es que le da recursos a a la (propuesta) Oficina Estatal de Control de Animales para poder seguir trabajando con el recogido de animales de las calles y con organizaciones pro bienestar animal”, indicó Álvarez.

“Este proyecto se lleva trabajando hace más de  nueve  meses. Hemos visitado albergues, nos hemos comunicado con las personas que trabajan en los rescates de animales. Este proyecto se discutió con las agencias concernidas. Estos estudios se llevan a cabo por una organización que no es de Puerto Rico. Hay un poco de mala interpretación porque esa ley no pone preso a nadie”, argumentó Álvarez.

El presidente del Colegio de Veterinarios, Elvin Reyes, mientras, dijo que el proyecto propone medidas “drásticas y exageradas” que no resolverán el sufrimiento de los animales realengos.

Agregó que la propuesta pretende “criminalizar a los dueños al imponer multas y hasta cárcel si no esterilizan a sus mascotas.

También dijo que el proyecto impone a los municipios establecer clínicas de vacunación y esterilización para mascotas pero no provee los recursos para poder implantarlas. “Prohíbe la reproducción y la venta de mascotas lo cual requerirá un abarcador mecanismo de fiscalización y tampoco prove los recursos para la implementación de esa vigilancia”, sostuvo Reyes.

“Los proponentes de esta medida utilizan el sufrimiento de las mascotas abandonadas o realengas para afectar o levantar las emociones de toda la ciudadanía y justificar sus pretensions de crear un estado de emergencia en el País”, dijo el veterinario.

Indicó, a preguntas del senador Dalmau, que en su oficina en Humacao esterilizar un perro cuesta entre $65 a $100 y entre $65 a $80 esterilizar un gato.

Otro veterinario, José Arce, portavoz en Puerto Rico de la American Veterinay Medical Association, afirmó que en otras jurisidicciones, como Los Ángeles, este tipo de medida ha fracasado.

“Han aumentado los animales abandonados y los costos de los albergues se han duplicado”, sostuvo Arce, quien recomendó que se cree un registro de mascotas, se haga una campaña masiva en contra del maltrato de animales y se ponga en vigor un sistema de vales para esterilizaciones a bajo costo en clínicas privadas y albergues.

Juan Salgado, quien acudió a la vista pública en silla de ruedas con su perra de servicio Sasha, dijo a Primera Hora que no favorece la medida.

“Esta perra tiene tres años más productivos. Tengo que entrenar a otra y si no hay cachorros en la Isla, tendría que salir a comprar uno afuera”, afirmó incómodo el residente de Arecibo, paciente de hipertesión.