El representante popular José Báez presentó un proyecto de ley para prohibir la venta de agua y otras bebidas en botellas plásticas de 1.74 litros o menos, así como otra medida para prohibir fumar en las playas.

Además, Báez anunció una tercera pieza legislativa para otorgar créditos contributivos a entidades que desarrollen campañas que promuevan el reciclaje, con el objetivo de preservar nuestros recursos naturales y fomentar la cultura ambientalista en Puerto Rico.

También anticipó que su proyecto para imponer una multa por el uso de bolsas plásticas en los comercios, sería enmendado para cobrar posiblemente 25 centavos por ese producto, en vez de $1.00, como recomendó originalmente y generó gran debate.

Al explicar su propuesta de prohibir la venta de productos en botellas plásticas con capacidad no mayor de 1.74 litros, Báez aludió al impacto negativo de este tipo de producto cuando es desechado porque "puede tardar hasta 1,000 años en descomponerse".

Si se aprueba lo propuesto en el Proyecto de la Cámara 1287, "en caso de incumplimiento, el establecimiento comercial será multado con $500 por cada botella plástica vendida o regalada", dijo Báez al referirse a envases con capacidad de hasta 1.74 litros.

Aclaró este martes que las botellas plásticas conocidas como "padrinos" u otras con capacidad mayor a los 1.74 litros no estarían prohibidas, pero vender productos en las más pequeñas, en el caso de una segunda violación a la propuesta ley, supondría una multa de $1,000.

La medida dispone que "a partir del 1 de enero de 2015, todo establecimiento comercial cesará la venta de todo tipo de bebida en botellas plásticas de 1.74 litros o menos", pero en el Artículo 2 precisa que la prohibición es extensiva a envases con la citada capacidad, más allá de bebidas, por lo que aplicaría a otra sustancias líquidas, lo que permitiría aplicar la veda a esos envases con aceite para automóviles o limpiadores domésticos, entre otros.

El también subsecretario del Partido Popular Democrático (PPD) estimó que, de aprobarse su proyecto, los productores de refrescos y de agua embotellada, tendrán que modificar su producción a tenor con una nueva realidad del mercado en Puerto Rico.

 A preguntas de periodistas, dijo que no hizo un estudio sobre el impacto de su medida en términos de costos para los productores o el comercio. Señaló que no encontró estadísticas sobre el volumen de productos embotellados en los envases que propone prohibir, pero destacó que con el anuncio de sus proyectos se abre un proceso de diálogo para afinar las propuestas.

Recalcó que su objetivo es frenar que una gran cantidad de plásticos contaminen el país, fomentar el reciclaje y prácticas de protección ambiental. En tal sentido, opinó que los auspiciadores de maratones tendrán que optar por repartir agua en vasos, en vez de en botellitas, como ocurría en décadas pasadas.

 En la exposición de motivos de la medida, se destaca que durante el evento denominado Limpieza Internacional de Costas, en 2012, en Puerto Rico se recogieron 1,065,171 botellas plásticas, equivalente al 11% de los desperdicios más comunes hallados en las playas ese año.

Báez indicó que esos envases ocupan mucho espacio en los vertederos y en el país ya se proyecta que en el año 2025, solo se tendrá en operaciones 10 u 11 de esas instalaciones.

Inspiró el Festival de la Colilla  

Al defender el proyecto sobre mayores reglamentaciones para los fumadores, Báez aludió a una iniciativa estudiantil denominada "Festival de la Colilla", efectuado en 2012, para combatir fumar en los balnearios y justificó su idea de enmendar la Ley 40 del 3 de agosto de 1993, para extender la prohibición de consumir cigarrillos a las playas.

El legislador cameral reconoció que, de aprobarse su proyecto, toda persona que fume en las playas estaría expuesta a una multa de $250. Previamente, destacó que las colillas en las playas, entre otros efectos nocivos, contaminan la vida marina con arsénico, amoniaco y plomo, entre otras sustancias tóxicas.

"El cigarrillo encabezó la lista como el contaminante más encontrado en las playas", puntualizó al referirse al resultado de la Limpieza Internacional de Playas el año pasado, cuando en el país se recogieron aproximadamente 79,540 cigarrillos y/o colillas.

Precisó que los tóxicos de las colillas contaminan el océano, pero sobre todo a los animales marinos, muchos de los cuales posteriormente son parte del consumo humano. Por eso, como han hecho decenas de condados en los Estados Unidos, consideró una buena medida la prohibición de fumar en las playas.

De aprobarse el Proyecto de la Cámara 1288, se encaminaría una enmienda al Artículo 2 de la Ley 40, que prohíbe fumar en lugares públicos, y que provee para multas de hasta $2,000 en caso de fumadores reincidentes que consuman sus cigarrillos en los lugares precisados en ese estatuto.

Argumentó que propone cargos para quienes incumplan reglas de protección al medioambiente, "pero no se trata de una campaña de Pítale a la basura, sino de medidas que calen hondo en la masa. Sin embargo, no es una imposición, ni otra medida de recaudación".

El representante popular reaccionó así cuando se le planteó que los proyectos pueden verse como otros impuestos nuevos, como los que ya generan malestar en muchos ciudadanos.

Respondió que no deben verse de esa forma sus propuestas, pero anticipó "críticas por Twitter y otros medios".

Preguntado sobre la realidad práctica de imponer una prohibición de fumar en las playas, minimizó el hecho de una drástica reducción de policías y dijo que en la medida en que las personas empiecen a ser multadas, se limitarán a la práctica que perjudican los recursos naturales y la gente.

Además, estimó que se podrían organizar "invasiones" o movilizaciones policiacas para dar multas de orientación, antes de que entre en vigor la propuesta ley.

Créditos contributivos verdes

Para estimular la educación ambiental, Báez presentó el Proyecto de la Cámara 1294, que recomienda enmendar el Código de Rentas Internas para otorgar "un crédito contributivo a personas naturales o jurídicas domiciliada en Puerto Rico que inviertan recursos económicos en campañas educativas y de orientación sobre el daño que provoca la mala disposición de desperdicios y sobre la importancia de reducir, reusar y reciclar".

"El crédito será equivalente a 115 por ciento del dinero invertido", sostuvo el abogado y representante del Precinto 4 de San Juan. Explicó que ese incentivo "se reglamentaría como todos los créditos contributivos".

A otra pregunta, respondió que los departamentos de Asuntos del Consumidor y el de Hacienda tendrían competencia en cuanto a los criterios de la campaña, para determinar si procede el crédito.

Indicó que hay que evaluar el tipo de visuales y sostuvo que no puede ser una promoción "de marca" o que destaque el auspiciador, sino el contenido de orientación ambientalista.

 Según Báez, con esos tres proyectos de ley, así como el de la reglamentación de las bolsas plásticas en el comercio, "se estarían eliminando tres de los cinco principales contaminantes que amenazan nuestra fauna marina, nuestros recursos naturales y nuestra salud y al mismo tiempo se propicia en Puerto Rico un ambiente de educación sobre el peligro que representa la mala disposición de los desperdicios sólidos".

"Tenemos que unirnos al llamado que han hecho otros países de cambiar nuestros hábitos, si entendemos que estos son dañinos para nuestro planeta", concluyó el representante estadolibrista.