El proyecto para establecer una nueva “Ley de Derecho Inmobiliario y Registral” que evalúa la Cámara de Representantes buscará reforzar la regulación de los bienes de dominio público al promover su inscripción en el Registro de la Propiedad. 

La propuesta fue acogida este miércoles por el representante José Báez, presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico, a instancias de un panel de profesores de la Escuela de Derecho dela Universidad de Puerto Rico (UPR), compuesto por los licenciados Luis Muñiz Argüelles, Ana Cristina Gómez, Lourdes Quintana y Antonio Escudero.

“La conveniencia de publicar en el registro la descripción de los bienes de dominio o uso público es innegable. El gobierno, en el ejercicio de su responsabilidad, debe publicar que estos bienes pertenecen a todos y que no son susceptibles de enajenación, ni de apropiación privada por ser de domino o uso público”, subrayó el grupo de letrados en el memorial escrito que sometieron durante una vista pública de la comisión legislativa.

La “Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad” (Ley 198-1979) vigente exime a los bienes de dominio o uso público del requisito de inscripción, mientras que el Proyecto de la Cámara 2479 establece que “no será necesario” completar ese trámite en esos bienes, que incluye terrenos, estructuras públicas e incluso las playas del país.

Sin embargo, la licenciada Gómez recomendó durante la audiencia que se adopte como política pública la deseabilidad de que esos bienes se inscriban en el registro, y se incluya en la medida un lenguaje que exhorte a realizar esa gestión. Ello, según dijo, podría ser un primer paso antes de que se disponga la obligatoriedad de la inscripción en esos casos. 

“La teoría general es que los bienes de uso público no son susceptibles de apropiación de particulares. En esa parte, la teoría es clara, pero la realidad es otra porque todos sabemos que aquí, cada vez, la gente se apropia más de las playas, e incluso, hay casos que se han presentado donde la gente lo que hace es que pone el relleno en la playa y sigue extendiendo la playa”, argumentó Gómez. 

El grupo de académicos de la Escuela de Derecho de la UPR destacaron que, en años recientes, gran parte de las controversias que llegan al Tribunal Supremo se relacionan con el dominio público. Resaltaron particularmente el caso de Paseo Caribe, en el que a finales de la pasada década se cuestionó a quién correspondía la titularidad de unos terrenos ganados al mar donde hoy se ubica el lujoso complejo de viviendas. 

El también catedrático de Derecho Luis Rafael Rivera Rivera, experto en la materia, enfatizó que la normativa en España, de donde deriva el derecho registral de Puerto Rico, ordena la inscripción de los bienes que pertenecen al estado. Mencionó que, como asesor del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, conoce múltiples casos en que se establecieron enclaves privados en terrenos públicos pertenecientes a la Zona Marítimo Terrestre. 

El representante Báez favoreció la propuesta, pero rechazó que se haga compulsoria la inscripción de los bienes públicos en el Registro de la Propiedad, por entender que el trámite resultaría oneroso para el gobierno. En cambio, adelantó que incluirá en el texto de la legislación que “se podrá” tomar tal acción. 

“El ‘podrá’ es importante en vez de ‘tendrá’. Sería excelente (obligarlo), pero en lo económico sería demasiado fuerte para el Estado. Eso debería ser un proyecto de administración que se proponga a hacer lo propio. (La enmienda propuesta) no cambia en lo absoluto el sentido de ese artículo, cambia el mensaje que está enviando la Legislatura, es una forma afirmativa de que hay interés de que se haga”, indicó a este medio el legislador popular.

Báez dijo que ésta sería la última vista pública sobre el proyecto de ley, y que espera tener el borrador final de la medida a más tardar en dos semanas, para recoger comentarios finales y llevarlo a votación ante el pleno dela Cámara de Representantes.

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