Las agencias y oficinas del gobierno que combaten la corrupción gubernamental enfrentan el reto de investigar nuevas modalidades que muchas veces pasan inadvertidas debido al uso audaz de la tecnología, coincidieron el jueves directivos de algunas de estas dependencias durante la Quinta Cumbre Interagencial Anticorrupción, que se realizó en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes, en Santurce.

“La corrupción se ve en aumento”, apuntó la contralora Yesmín Valdivieso, al tiempo que reconoció el reto que representa para los funcionarios de su oficina detectar prácticas al margen de la ley o los reglamentos realizadas con apoyo de medios electrónicos, que en muchas ocasiones pasan inadvertidas.

Valdivieso ofreció como ejemplo el empleado que debe pagar las cuentas de la oficina pública y opta por cubrir cuentas personales con el mismo dinero público.

“El dinero va desapareciendo, sin que nadie se dé cuenta. Por eso, ya no son solamente las cajas de papeles, ahora tenemos que auditar haciendo análisis de bases de datos, con ciertas aplicaciones que hacen ciertas investigaciones. Hay algoritmos que usamos para saber cosas extrañas y así nos damos cuenta”, indicó la contralora.

La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, resaltó que ya su dependencia ha investigado e impuesto sanciones por actos de corrupción electrónica.

“La corrupción no termina. La corrupción se transforma. En esta época digital es hacia lo electrónico y lo tecnológico”, acotó Rosario.

La cumbre en la que se discutió el tema de corrupción, reunió a representantes del Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia Federal.

Para el secretario de Justicia, César Miranda, es la imposición de una conciencia de servicio entre los funcionarios públicos lo que puede frenar las actuaciones ilícitas, antiéticas e impropias en todas las esferas del gobierno.

Y es que según él, independientemente del esfuerzo interagencial que entiende se ha afianzado en los últimos años, la corrupción prevalece en todas las esferas del gobierno.

Miranda citó datos del Estudio de Transparencia Internacional 2013, en el que Puerto Rico se ubica como uno de los países menos corruptos, en la posición número 33 entre 177. Aunque se trata de una buena noticia, según Miranda, cuando se compara la Isla con otros estados y territorios de Estados Unidos, Puerto Rico es el décimo tercero con más convicciones por delitos de integridad pública en la corte federal. “Considerando que tenemos una población inferior a la mayoría de los estados, tenemos un por ciento (de convicciones) altísimo. Estamos por encima de 40 estados de Estados Unidos”, destacó.

Es la contratación gubernamental, en las áreas de obras públicas y construcción, uno de los nichos de mayor corrupción en la Isla. Se trata de un espacio en el que el gobierno otorga anualmente sobre 10,000 contratos, que en conjunto exceden $11,000 millones. “Esto trae grandes preocupaciones porque desincentiva la inversión económica, reduce la competencia empresarial y hace más caros los servicios a la ciudadanía”, agregó.

Áreas grises entre lo legal y lo impropio

Pero también hay actos que “son muy disimulados, sobre los que no hay legislación particular, pero que pueden ser entendidos como actos de corrupción”, según Miranda.

Se trata, explicó, del mal gobierno, de la construcción de obra faraónicos, con 5,000 asientos cuando solo serían necesarios 1,500. “Eso no está legislado como que es un delito, pero, a mi entender, es la línea de mal gobierno que trasciende y que hace a uno pensar que es un acto impropio, posiblemente de malversación de fondos”, acotó Miranda al tiempo que llamó la atención a los ciudadanos a ser más conscientes sobre estos asuntos.

“Los gastos exorbitantes y sin sentido, que en ocasiones no se corrigen con la imposición de unas leyes de corrupción, se corrigen con la imposición de una conciencia de servicio leal, de servicio digno y de que cada centavo de Puerto Rico vale, de que cada centavo sirve para estrechar la brecha de la pobreza, es necesario para un niño de educación especial, para corregir las inequidades. Para todas esas cosas se necesita un dinerito y cuando lo perdemos, perdemos también parte de lo que somos y lo que debemos ser”, puntualizó Miranda.

También participaron de la cumbre la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, Nydia Cotto, y el agente a cargo del Negociado de Investigaciones Federales, Carlos Cases, quien recalcó que cuenta con tres grupos dedicados a investigar casos “bien significativos, de alto impacto” en las ramas legislativa, ejecutiva, judicial y en la Policía.

Durante la actividad, se presentó un panel sobre el proceso judicial de los casos criminales en los tribunales de Puerto Rico, integrado por el juez de apelaciones Abelardo Bermúdez Torres, el fiscal Alberto Valcárcel Ruiz, el fiscal especial independiente Ramón Mendoza y los abogados de defensa Alfredo Umpierre Soler y Ricardo Carrillo Delgado.