La Cámara de Representantes aprobó hoy, con apoyo tripartita, dos proyectos de enmiendas a la Ley de Intervención contra la Violencia Doméstica, uno de los cuales, dispone que cuando medie una orden de protección, el tribunal viene obligado a informar a la víctima que la misma le fue notificada al agresor.

Para ello, el Proyecto de la Cámara 405 establece que el tribunal tiene un término de 24 horas para informar a la víctima que la orden de protección fue notificada a la parte querellada.

El segundo proyecto de enmiendas (Proyecto de la Cámara 456) establece que al expedirse una orden de protección, al querellado se le suspenden de forma automática por 30 días las relaciones filiales cuando la víctima está en un albergue, en casos de reincidencia y cuando al agresor se le radica una querella o denuncia por agresión sexual, maltrato agravado y restricción a la libertad.

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, María Milagros Charbonier se mostró complacida con el apoyo de legisladores de los tres partidos políticos a las medidas y aunque se mostró satisfecha con las enmiendas aprobadas, dijo que la Ley 54 requiere “una revisión” integral.

“Hay que revisarla completamente. Vamos a tener una nueva ley 54 porque tiene 28 años y ha sufrido 34 enmiendas”, sostuvo Charbonier.

Ambos proyectos de ley son de la autoría de la representante novoprogresista, Yashira Lebrón.

El representante popular Luis Vega Ramos dijo que se busca garantizar que el mecanismo de la orden de protección sea lo más eficaz posible. “La víctima tiene la certeza de que la orden de protección está activa”, sostuvo.

“No podemos quitar de la faz de Puerto Rico el problema completo de la violencia doméstica por una ley, pero si podemos poner en su sitio unas estructuras, unos procesos y unas circunstancias que permitan la protección de las víctimas y la familia, la concienciación de que esta sociedad aborrece de una manera especial y particularizada la ocurrencia de violencia en la relación de pareja, en la relación amorosa afectiva y que se dé el procesamiento adecuado de la persona que incurra en este tipo de conducta”, dijo el legislador.

“Ha habido una actitud de diálogo y se ha trabajado mucho para atender las preocupaciones legítimas de que en estos procesos se sea justo con todas las partes, la víctima, la persona que tiene un procedimiento que se tiene que adjudicar en los tribunales, y los niños, niñas, familiares y la sociedad en su más amplio conjunto”, sostuvo Vega Ramos.

El representante popular Manuel Natal dijo que las enmiendas llegan a un balance en el que se protege el derecho de las víctimas y el derecho de los acusados.