La Cámara de Representantes aprobó hoy en votación partidista (29-14) los proyectos de la Cámara, 1164, para reestructurar la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) ante su situación de insolvencia, y el del Senado 603, para garantizar el pago a los pensionados.

Antonio ‘Tony’ Soto Torres, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa, discutió algunas enmiendas al P. del C. 1164, entre ellas  una que provee para que 36 municipios reciban $21millones en Certificados de Depósito (CD) y otra para que se le baje los $300 millones que el BGF nunca desembolsó como parte de sus empréstitos a los municipios.

Estas enmiendas surgieron luego de la reunión que sostuvieron esta semana los alcaldes novoprogresistas y populares con los legisladores.

Soto Torres estableció que el proyecto de la Cámara crea una autoridad y un fideicomiso que tendrán la responsabilidad de asumir esas acreencias y de cobrar aquellas deudas que tiene el BGF.

Mencionó que el BGG técnicamente desaparece, y es a través del Título 6 de la Ley Promesa que los acreedores del Banco llegarán a acuerdos.

“Ahora mismo el banco es hacedor de $4.2 o $4.3 billones y con este acuerdo entre las partes esos bonos se van a canjear por unos bonos a razón de un 55, 65 o 75% y se van a pagar intereses (semestrales) que varían dependiendo del porciento de valor que haya escogido cada bonista”, explicó.

Los intereses fluctúan entre un 5 a un 7.5%.

De otro lado, el representante explicó que otro beneficio para los municipios será el que estos paguen por la cantidad de dinero que le han desembolsado y no por el total de los empréstitos que totalizan $2,000 millones.

“Los municipios tienen una exposición de $2,000 millones, pero lo que le fue desembolsado fueron $1,700. Hay $300 millones que el Banco tiene en el escrow, pero los municipios están pagando intereses a razón de la totalidad…”, mencionó.

“Una de las enmiendas fue para aclarar el lenguaje de que el pago de intereses va a ser sobre ese principal ajustado; le va a bajar a ellos el pago y va a mejorar su cash flow”, agregó.

Soto dijo que también se evaluó “el que el cuatrienio pasado hubo unos municipios que tenía unos depósitos en el Banco…y se depositaron en certificados de depósito. En la actualidad hay $380 millones en certificados de depósitos que se le está aplicando un 55% del valor dólar y se le va a pagar a ellos en efectivo”.

Los municipios recibirán un pago proporcional a lo que era el certificado de los $380 millones.

De otro lado, también se incluyó que los sobrantes que tenían los municipios en el Banco, ya fuera por un empréstito o algún sobrante del IVU, que totalizan $377 millones, puedan ser canjeados.

“Se le está canjeando… dando de la oportunidad a que sean bonitas y que ese papel o ese depósito lo puedan convertir en bonos, en cualquiera de las tres modalidades o de ofertas de bonos que se le está ofreciendo a los demás bonitas, de 55, 65 ó 75%, y que reciban intereses sobre esa cantidad de dinero semestralmente”.

Además, se presentó una enmienda para limitar la exposición que tienen los municipios a litigios en su contra por parte de contratistas.

Los municipios, contando con un dinero aprobado por el Banco o con algún depósito hacían un contrato para alguna obra o proyecto, y ante la situación fiscal actual, están expuestos a que el contratista lo demande ante el incumplimiento del pago.

Por lo que se establecerá una moratoria de dos años para que se puedan realizar negociaciones entre las partes.

Por su parte, el representante Denis Márquez, que no refrendó la medida dijo en su turno que en la discusión a se quiso hacer ver a los municipios como monjitas de la caridad, cuando parte de los problemas que ha tenido el BGF son muchos de los préstamos y de financiamientos “que como monumentos a la ineptitud y a la irresponsabilidad -los vemos alrededor de toda la isla- de proyectos financiados… y que ahora no representan ningún beneficio para el país”.

Reforma a los sistemas de retiro del gobierno 

El Representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, denunció que, lejos de garantizar el pago a los pensionados y reformar los sistemas de retiro, el proyecto de la Cámara 1163 persigue privatizar los mismos.

El proyecto busca reformar los sistemas de retiro de los empleados del gobierno y de los maestros que entraron en el Sistema de Retiro desde el año 2014 en adelante, conforme al Plan Fiscal y la ley “PROMESA”. 

A su vez, dispone que la obligación de pagar las pensiones que no se puedan cubrir del Sistema de Retiro del gobierno central, la judicatura y de maestros, recaiga en el Fondo General. Esto, a través del sistema pay as you go.

"El título del proyecto 1163 alega 'garantizar los pagos a pensionados' y 'reformarlos', cuando los efectos reales que tendrá es eliminarlos tal y como los conocemos hoy día. Es una forma de privatización de los sistemas de retiro, mediante la cual se transfiere la responsabilidad del manejo de su cuenta de retiro a cada empleado público. Se trata prácticamente de reproducir el sistema de retiro bajo el régimen de Pinochet en Chile, cuya solvencia se desplomó recientemente", afirmó el tambien abogado.

El legislador pipiolo señaló, además, que luego de evaluar la medida, e incluso reunirse con varios sindicatos y sus líderes, identificó que en la ley propuesta también se elimina la aportación patronal (de la agencia de gobierno, municipio o corporación pública) a las pensiones de los empleados públicos lo que a su juicio significa que cada empleado acumulará una pensión cuya única fuente de fondos será su aportación periódica, más los intereses o ganancias de capital que devengue su cuenta de inversión individual. No obstante aclaró, que debido a los salarios bajos y las respectivas reducciones de ingresos producto de las legislaciones de la pasada y actual administración, las pensiones serán mucho más bajas que lo que han sido tradicionalmente.

Cuestionó, además, el que cada cuenta de los empleados tendrá un gerente ("manager") que cobrará una tarifa ("management fee") a cada empleado, lo que reducirá cada año la cantidad acumulada por el monto de ese honorario o comisión.

Respecto a las preocupaciones que grupos sindicales le han planteado, Márquez Lebrón resaltó la inquietud entre los empleados públicos de todas las medidas aprobadas en este y el pasado gobierno que han menoscabado sus derechos y beneficios sumado a la inminente reducción en la jornada laboral lo cual redundará en un mayor empobrecimiento de los trabajadores públicos.

"Hemos llegado a un punto en el que la consigna debe ser basta ya. Basta ya de trastocar los beneficios de la gente que sale todos los días a trabajar y a mover el Gobierno en este país. Basta ya de condenar a los trabajadores a la pobreza y a niveles paupérrimos en calidad de vida. Basta ya de privilegiar a los sectores pudientes mientras se perpetúa la desventaja y la marginación en otros", finalizó expresando el Portavoz del PIP en la Cámara.

Las dos medidas pasan ahora al Senado para su consideración.