La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que le garantizaría a la Universidad de Puerto Rico la totalidad del capital que obtenía mediante una fórmula de ingresos del Fondo General, y a su vez, eliminaría el programa de becas creado para neutralizar el efecto de la cuota de estabilización de $800 por alumno en la matrícula, aprobada por la pasada administración y derogada por la Junta de Síndicos de la UPR.

De la misma forma, la medida provee para que se autorice la transferencia, a la entidad docente, de cualquier remanente de recursos no utilizados del Fondo de Especial de Becas para la UPR, creado bajo la Ley 176. Ese dinero, se emplearía para la creación de un programa que le garantice la primera experiencia laboral a los egresados.

El P. de la C. 636 fue acogida con una votación de 28 a favor y 20 en contra.

“Como gobierno, nos toca invertir en educar a las futuras generaciones para tener un mejor país porque creemos en nuestros jóvenes y respaldamos nuestra Universidad, porque entendemos que todos los hijos de esta tierra tienen derecho a labrarse un mejor porvenir. Por eso queremos eliminar las barreras que han establecido en nuestra universidad para que los menos privilegiados tengan acceso a una educación de excelencia”, señaló la legisladora Brenda López, presidenta de la Comisión de Educación para el Fomento de las Artes y la Cultura.

“La Universidad es pieza clave en la transformación social que queremos para mejorar cualitativamente el sistema de educación pública y la calidad de vida de todo el País. Esto requiere que restituyamos la estabilidad económica que necesita nuestra única institución universitaria pública”, resalta la exposición de motivos del proyecto.

De esta manera, se volvería a nutrir la base de esa fórmula de 9.60% de los fondos públicos que fueron eliminados por la pasada Asamblea Legislativa, mediante la Ley 7 de Estado de Emergencia Fiscal, y que provenían de las medidas de recaudo, rentas e impuestos establecidos, una partida del por ciento del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y los dineros depositados en el Fondo de Interés Apremiante.

“Es importante destacar que no importa los vaivenes en los compromisos hasta de 40 años de repago, los ingresos están comprometidos, y el compromiso de crecimiento de la deuda no va a afectar la entrada de dinero a la Universidad, y por el contrario, lo que está es asegurando una entrada de unos $40 millones adicionales para la Universidad”, manifestó en el debate el representante Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien preside la comisión cameral de Hacienda y Presupuesto.

El representante Antonio “Toñito” Silva, del Partido Nuevo Progresista, indicó por su parte, que aunque recomendaba votarle a favor de la medida debido a que beneficia a los estudiantes, no estuvo de acuerdo con algunos planteamientos, entre ellos el de los efectos de la Ley 7 en la UPR.

“La Ley 7 no le aplicaba a la UPR, en nada… Yo los veo hoy (a la delegación popular) como tuve que yo estar en los pasados años, del otro lado. Y vendrán unas medidas que ustedes van a tener que explicarle al pueblo de Puerto Rico por qué cuando estaban del lado donde estoy yo ahora le votaban en contra y ahora van a estar a favor”, dijo al hacer un recuento de los elementos, que a su juicio han llevado al país y a la Universidad a la crisis presupuestaria actual, y al señalar las medidas de que aprobó la administración pasada a favor de la institución.

La pieza fue evaluada este lunes por el Senado en una vista pública, en la que estuvo citado el presidente de la UPR, Miguel Muñoz, así como representantes del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

En la audiencia, Muñoz favoreció la legislación que asigna fondos adicionales a la institución para eliminar la controvertida “cuota de estabilización” y la beca que se creó para cubrir parcialmente ese cargo a los estudiantes.

A su vez, el académico coincidió con la resolución que aprobó el pasado sábado la Junta de Síndicos de la UPR eliminando la cuota, condicionada a que se apruebe la legislación que otorga los fondos adicionales.

Igualmente, en la sesión cameral fue aprobado el Proyecto de la Cámara 637, que declararía como reserva agrícola los terrenos de la Estación Experimental Agrícola de Gurabo.

Los terrenos -de alto valor agrícola- son eje de un pleito judicial presentado por el alcalde de Gurabo, Víctor Ortiz, del PNP, quien reclama al presidente de la UPR que complete el traspaso de las tierras que fueron transferidas a la municipalidad durante el pasado gobierno para desarrollar una escuela, un hospital y viviendas.

El proyecto recibió 27 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

La medida se sustenta en la importancia de proteger los terrenos con valor agrícola en Puerto Rico debido a la “dramática pérdida de éstos por el desarrollo urbano desmedido”.

Asimismo, durante los turnos de debate, se abogó por la preservación de las tierras, basado en la “sustentabilidad agrícola y alimentaria”.

“Estos terrenos se necesitan para que se continúen usando sabiamente por los agricultores y por la Universidad para que se mantenga firme el compromiso de esta administración de crear eso que queremos que es la seguridad alimentaria de Puerto Rico”, resaltó el representante popular Jesús Santa Rodríguez, al debatir a favor de la aprobación de la medida.

“Violentando los derechos democráticos, revirtiendo los estados de derecho y cancelando la separación de poderes no se va a conseguir seguridad alimentaria para el pueblo de Puerto Rico”, ripostó por su parte la legisladora María Milagros Charbonier, del PNP.