La Cámara de Representantes aprobó este miércoles dos proyectos de ley que permitirían a los notarios autorizar divorcios mediante escritura pública cuando se trata de casos de ruptura irreparable o por mutuo consentimiento. 

Sin embargo, la facultad que conceden conjuntamente el Proyecto de la Cámara 2358 (P. de la C. 2358) y el Proyecto de la Cámara 2428 (P. de la C. 2428) no aplicaría en aquellas instancias en las que, a pesar de que se solicite el divorcio por alguna de esas dos causales, haya entre la pareja menores de edad no emancipados o con algún impedimento.

El P. de la C. 2358, que es el que faculta a los notarios a realizar divorcios cuando haya un ruptura irreparable, establece también que no aplicaría cuando haya bienes o deudas gananciales que dividir.

“Siendo el matrimonio una institución que se origina mediante un contrato civil, no existe impedimento alguno en que dos personas adultas, en pleno goce de sus facultades, decidan voluntariamente culminar con su estado civil pactado mediante una relación contractual”, reza la exposición de motivos del P. de la C. 2358, de la autoría del representante Charlie Hernández López.

“La tramitación de divorcios no contenciosos de manera rápida y justa debe ser la norma”, añade la pieza legislativa.

En tanto, la exposición de motivos del P. de la C. 2428, de la coautoría de los representantes Jose Enrique “Quiquito” Meléndez y Luis Vega Ramos, destaca que la intervención de los notarios en los casos de divorcio por consentimiento mutuo aliviará la carga en los tribunales. 

“Por no ser contencioso, el divorcio fundado en el mutuo consentimiento no tiene por qué convertirse en otra carga en la pesada agenda de nuestros jueces y juezas. Entendemos, pues, que este tipo de divorcio puede trabajarse extrajudicialmente y, con ello, disminuimos la labor de los tribunales”, indica la medida.

Ambos proyectos de ley fueron aprobados a viva voz por la Cámara, pero pasadas las 9:30 p.m. no habían sido llevados a votación final. 

Aprueban medida para reforzar fiscalización a favor de PyMES 

La Cámara también avaló a viva voz un proyecto para darle mayores facultades a la Junta de Apoyo las Microempresas, los Pequeños y Medianos Comerciantes, ente creado el año pasado para fiscalizar la implementación de la “Ley de Apoyo a la Microempresa, al Pequeño y Mediano Comerciante” (Ley 62-2014) del presidente cameral, Jaime Perelló.

El Proyecto de la Cámara 2736, también de la autoría del líder cameral, le reconoce a la junta la facultad de investigar cualquier incumplimiento con el estatuto, y a esos fines, le permite expedir citaciones para la comparecencia de testigos, para la toma de deposiciones y juramentos y para que sometan documentos para análisis. Además, podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar que se ordene cumplir con esos requerimientos. 

“La junta referirá al secretario de Justicia los señalamientos y hallazgos de violación de ley que detecte en el desempeño de sus funciones”, señala la pieza legislativa.

El representante Javier Aponte Dalmau, presidente de la Comisión de Pequeños y Medianos Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, que evaluó la medida, señaló que los nuevos poderes buscan darle más fuerza a la junta ante alegados incumplimientos con el mandato de la ley.

“Aquí no hay nada extraño en que una junta tenga la potestad para velar que se cumpla su propio ordenamiento, y ¿por qué tiene que hacerlo? Pues, porque mucha gente está tratando de obviar lo que esta ley quiere establecer”, reconoció el legislador popular al presentar el informe positivo sobre la medida.

“El propio gobierno no expide los permisos de la manera expedita que se establecieron, los estudios de impacto económico regional, en ciertos casos, no se quiere exigir, y entonces, esa junta, para el fin que se creó, para proteger al pequeño y mediano comerciante, para continuar expandiendo las oportunidades de los puertorriqueños de continuar creando pequeñas y medianas empresas, esta junta tiene que tener la obligación de ir ante el Tribunal de Primera Instancia y exigir el cumplimiento de la misma, y eso es lo que estamos buscando con esta enmienda”, añadió Aponte Dalmau.