La Cámara de Representantes aprobó esta noche con enmiendas y en votación partidista un proyecto de ley que reestructura la parte administrativa y operacional de la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI) ante la posible pérdida de $2 millones en fondos federales que recibe la agencia anualmente.

La medida, que deroga la Ley que creó OPPI, es un proyecto sustitutivo del Senado que establece la Defensoría de las Personas con Impedimentos. El proyecto recibió 28 votos a favor, de la mayoría popular, y 17 en contra, de la minoría novoprogresista.

La pieza de ley ya fue aprobada en el Senado, pero regresa a ese cuerpo legislativo ya que la mayoría parlamentaria le introdujo una enmienda para disponer que las organizaciones no gubernamentales que formen parte del Consejo Directivo no recibirán dinero adicional que maneje la Defensoría.

El procurador de la OPPI, Iván Díaz Carrasquillo, estuvo en las gradas del hemiciclo cameral pendiente al debate legislativo, y al concluir la discusión lamentó que la Cámara avalara la medida porque entiende que, de esa manera, se priva a la entidad pública de poder corregir por la vía administrativa las deficiencias que han sido señaladas por la Administration on Intellectual and Developmental Disabilities (AIDD).

“Es lamentable que se haya aprobado. Nos coarta la oportunidad de ir a vistas administrativas ante el gobierno federal, donde entendemos que sí podemos prevalecer a la hora de presentar nuestros argumentos… Es lamentable que tan tarde, ahora, la Legislatura haya hecho un circo con la única finalidad de destituir a un procurador que ha sido nombrado por la pasada administración”, manifestó el funcionario en entrevista con este medio.

Díaz Carrasquillo insistió en que han cumplido con los requerimientos del gobierno estadounidense, pero reconoció que existe insatisfacción con el desempeño de la OPPI. Aseguró que los señalamientos de la AIDD pudieron haberse atendido mediante una carta circular o una Orden Ejecutiva del gobernador Alejandro García Padilla que estableciera medidas correctivas.

El titular de la OPPI no descartó tomar acción legal para impugnar la medida, si se convierte en ley, y anticipo que iniciará conversaciones con sus abogados a esos fines.

La pieza de ley crea el cargo de Defensor de las Personas con Impedimentos y establece que la Defensoría tendrá autonomía fiscal, programática y administrativa e independencia para llevar a cabo su labor fiscalizadora y establecer su organización administrativa. 

El proyecto sustitutivo fue presentado en la Cámara Alta por el senador Ángel Rosa, quien propuso reorganizar las funciones de OPPI en un intento de que el gobierno federal le retire la clasificación de “alto riesgo”.

“La Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos recibe fondos federales estimados en $2,017,000 en el año fiscal 2014-2015. Es alarmante que la agencia que provee fondos federales a OPPI, la Administration on Intellectual and Developmental Disabilities (AIDD), ha determinado que OPPI no ha mostrado la capacidad para administrar adecuadamente dichos fondos, colocó a OPPI en condición de ‘high risk’ (alto riesgo) y, de no tomarse las medidas dispuestas en esta ley, los fondos federales serán cancelados”, advierte la exposición de motivos de la medida.

La nueva agencia operaría mediante un Consejo Directivo, que tendría nueve integrantes, y una tercera parte sería nombrada por el gobernador y las dos terceras partes restantes serán designadas por entidades sin fines de lucro que sirven a esa población. Ese sistema de gobernanza en similar al que hubiera regido en cada procuraduría bajo la Defensoría de los Derechos Humanos.

El cuerpo rector tendría la responsabilidad de velar por que se cumpla la política pública, y también estaría a cargo de seleccionar al defensor, que tendría la responsabilidad de implementarla.

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