La Cámara de Representantes aprobó esta noche, con enmiendas y con el rechazo de las minorías popular e independentista, el proyecto de La Fortaleza, que propone la venta de los activos y privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Con 30 votos a favor de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) y 14 en contra de las minorías del Partido Popular Democrático (PPD) y el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) la medida pasó. Hubo un voto en contra del representante PNP José "Quiquito" Meléndez, mientras la representante Lourdes Ramos  se abstuvo porque mantiene una plaza como empleada de la AEE.

Otros siete representantes no votaron. Los penepés José Luis Rivera Guerra y José Aponte Hérnández fueron escusados, mientras los populares Rafael "Tatito" Hernández, Ángel Matos, Lydia Méndez y Carlos Bianchi Angleró no votaron.

El presidente de la comisión cameral de las Alianzas Público Privadas (APP), Víctor Parés, quien abrió el debate de unas dos horas, reconoció que en el caucus novoprogresista, previo a la sesión legislativa, “se trajeron dudas y preocupaciones” sobre el retiro de los empleados de la AEE y el CELI (contribución en lugar de impuestos) de los municipios. No obstante, Parés indicó que “todo se aclaró”.

“Retenemos el poder de la Asamblea Legislativa sobre el contrato de compraventa en la generación”, indicó para agregar que la transacción sobre la venta de las plantas generatrices debe regresar a la Legislatura para el aval final.

En cuanto a la privatización de la transmisión y distribución de energía mediante la ley de las Alianzas Público Privadas dijo que la Junta de Directores de la APP “va a tener poder de veto en la transacción”. Indicó que en dicho organismo hay un representante de Cámara y Senado. “Si uno de esos miembros vota en contra o si se abstiene, se paraliza la transacción”, sostuvo.

Sin embargo, la Comisión de Energía no tiene injerencia en la transacción y aunque puede velar por el cumplimiento del contrato, no lo puede enmendar.

¿Por qué no se incluye una tarifa fija de luz?, se le preguntó.

“Porque queremos darle al gobierno de Puerto Rico el que pueda negociar esos acuerdos”, dijo Parés.

El portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández dijo por su parte, que la transacción “va a traer un aumento directo” en las tarifas de la luz. “No tiene ningún mecanismo para evitar que ese aumento no se dé ni para garantizar transparencia en el proceso”, sostuvo. Dijo además, que en el lenguaje original de la medida, los acuerdos tenían unos términos máximos “para evitar que esto fuera permanente y eliminaron todo eso”.

“Ustedes y la Junta de Control Fiscal son los mismos”, sostuvo Hernández.

A su vez, el representante independentista Denis Márquez acusó al Partido Nuevo Progresista y al Partido Popular Democrático de provocar la quiebra y debacle financiero e institucional de la AEE.

“Que señalen y asuman la responsabilidad histórica de la mala gerencia de cómo han dilapidado a la Autoridad. En 2017 todavía se hablaba de clientelismo político de organizar a los empleados de la AEE en grupos políticos. También el cartel del petróleo y las negociaciones se han beneficiado ambos partidos en campañas políticas”, afirmó Márquez.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, quien presenció el debate desde las gradas, indicó que se trata de “un proyecto lleno de falsedades”. Dijo que es la jueza federal de Quiebras, Laura Taylor Swain la que tiene “la palabra” de cómo se disponen los activos de la Autoridad.

“Que pongan por ley la tarifa que ellos alegan que se puede sostener. Eso es lo que el País quiere escuchar. No lo hacen, porque no es una verdad. Este es un proyecto que traiciona pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Figueroa Jaramillo.

Al ser aprobada en la Cámara, la medida pasa al Senado, pero el presidente de ese cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz ha dicho que quiere separar la venta de activos de la privatización. Rivera Schatz sostiene que la propuesta de Fortaleza no tiene marco regulatorio en cuanto a la venta de activos.

A esos fines, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez no descartó que el proyecto termine en un comité de conferencias.

“Nosotros hemos estado en diálogo con el Senado y Fortaleza. El Senado tiene su posición en cuanto a ciertos asuntos. Así que en el trámite legislativo nosotros discutiremos las posibles diferencias”, expresó Méndez.