La Cámara de Representantes aprobó el proyecto que devolvería al Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, en San Juan, la titularidad de esos terrenos y evitaría el desplazamiento involuntario de las comunidades conocidas como G-8.

Tras un debate en el hemiciclo cameral este lunes, la medida fue aprobada con el rechazo de varios representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El legislador José “Nuno” López, del PNP y quien lideró las voces opuestas al Proyecto de la Cámara 848, basó sus argumentos en que –a su juicio- la mejor garantía para cualquier ciudadano es “ser el dueño del terreno donde enclava su propiedad”.

Asimismo, afirmó que no hay certeza de quiénes ocuparán los terrenos en un futuro y el daño que ello pudiera provocar.

“Yo creo en la autogestión, pero le estamos dando un cheque en blanco demasiado amplio”, expresó López, quien censuró a la delegación popular por supuestamente prometer la realización de un referéndum en la comunidad antes de tomar una decisión.

Mientras, el representante popular Luis Vega Ramos argumentó que, de aprobarse el proyecto, se les reconocería a los vecinos de las comunidades aledañas al Caño un derecho de superficie, inscribible incluso en el Registro de la Propiedad.

Asimismo, el legislador popular mostró una carpeta de documentos recopilados por la comunidad durante dos años que evidencian el sentir y deseos de los residentes e invitó a López a observarlo.

“Hoy pongo punto final a la controversia que tuvimos durante la pasada administración en defensa del G-8 con la confianza de que todos volvamos a caminar juntos”, dijo Vega Ramos.

Asimismo, el popular Luis Raúl Torres, coautor de la medida, destacó que el proyecto permitiría agilizar y reducir los costos del dragado del Caño Martín Peña, a la vez que evita el desplazamiento de los vecinos del distrito. También, crea un comité liderado por el municipio de San Juan, los fiduciarios de las comunidades y los líderes del G-8 para velar por su cumplimiento.

Los procesos legislativos fueron observados por varios vecinos y portavoces del G-8, quienes se confesaron “jubilosos” tras la aprobación.

“Esperamos que pronto se convierta en ley como se había solicitado que era restablecer el espíritu original de la Ley 489 del 24 de septiembre de 2004, ley que fue trabajada por la misma comunidad, como fue trabajado este proyecto de enmiendas. El espíritu de esta ley es garantizar la permanencia de las comunidades, el desarrollo de las mismas y la superación de la pobreza a través del Fideicomiso de Tierras”, expresó Mario Núñez Mercado, uno de los portavoces de las comunidades.

Lyvia Rodríguez, también portavoz, se mostró esperanzada en que el proyecto sea aprobado de manera tripartita en el Senado, y convertido en ley posteriormente por el gobernador Alejandro García Padilla.

“Esto se trata de que los miembros de la comunidad que son miembros del Fideicomiso serían dueños de tres cosas simultáneamente: primero, de la estructura que edificaron; segundo, dueños colectivos de 200 cuerdas de terrenos localizadas en el corazón de San Juan y tercero, el derecho de superficie, que no es otra cosa que el derecho heredable e hipotecable para poder utilizar y disfrutar la parcela de terreno donde una familia tiene construida su estructura”, señaló Rodríguez.

Ya el G-8 comenzó su cabildeo en el Senado y solicitaron una reunión con el presidente Eduardo Bhatia, revelaron los líderes comunitarios.