Mecanismos para elección de jueces y fiscales que eliminen del proceso el manejo y los intereses político partidistas son evaluados en la Cámara de Representantes por conducto de su Comisión de lo Jurídico, que considera dos resoluciones sobre ese importante asunto.

Una medida propone que se enmiende la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que los nombramientos que no sean las plazas de jueces del Tribunal Supremo sean regidos por legislación especial y se disponga que dichos procesos de nombramiento no recaerán en ninguna de sus etapas en manos de la rama ejecutiva, ni de la rama legislativa.

La otra medida busca identificar y analizar propuestas que mejoren los procesos de nombramientos y evaluación de jueces, incluyendo aquellos que se encuentran en funciones.

El Departamento de Justicia, en una ponencia firmada por el titular de la agencia, César Miranda, reconoció que el presente sistema tiene deficiencias y sugirió un procedimiento mediante el cual los fiscales no tengan que someterse más de una vez al proceso político que conlleva su confirmación por el Senado y no descartó la posibilidad de que los jueces se nombren mediante un proceso de “oposición”.

Miranda reconoció que generalmente el Departamento de Justicia no interviene con la designación de jueces y que solo lo hace cuando es consultado por La Fortaleza sobre algún candidato en particular.

“Resulta notable que de nuestro estudio comparado hemos intentado de identificar en cuál de los estados (de Estados Unidos) el proceso de nombramientos de fiscales es similar al nuestro y, sorpresivamente, hemos llegado a la conclusión de nosotros somos la única jurisdicción en el ámbito de Estados Unidos cuyo nombramiento de fiscales lo realiza exclusivamente la Rama Ejecutiva”, señala Miranda en las declaraciones escritas.

También menciona el caso de España, donde el proceso de designación de fiscales está excluido totalmente de las esferas políticas de la nación. “Aquí el mérito es lo único determinante”, argumentó.

El Secretario de Justicia sugirió en su ponencia que, una vez un fiscal sea confirmado por el Senado, su renominación y ascenso quede en manos del Jefe de los Fiscales.

“Proponemos que se designe un Comité Asesor integrado por determinados funcionarios del Departamento de Justicia, cuya función sea evaluar a los candidatos a renominación y ascenso para que sometan sus recomendaciones al Jefe de Fiscales. Entonces que sea el Jefe de los Fiscales quien venga obligado a decretar las renominaciones y los ascensos de entre la lista de personas recomendadas por el Comité Asesor”, sostuvo.

Así se evita, “que los fiscales, una vez entren a formar parte de la carrera del Ministerio Público, tengan que someterse al proceso político nuevamente, como condición para ser reconocidos”, agregó.

Explicó que ya se implantó en la agencia un proceso de evaluación regular de los fiscales, que permitirá precisar los mejores candidatos para ascensos y renominaciones.

Sobre la rama judicial, Miranda dijo que “estimamos igualmente adecuado que se revise y se altere el modo en que los miembros de la Judicatura son nombrados” y que “se minimicen las presiones políticas que frecuentemente socavan la fe de la ciudadanía en su sistema judicial”.

Indicó que, al igual que en el caso de los fiscales, podría optarse por el modelo español de establecer “una verdadera carrera judicial”, donde sean los más cualificados los que alcancen el privilegio de impartir justicia al pueblo.

Otra opción que favoreció es que “se instituya una especie de comité, que tenga la función de configurar una lista reducida de seleccionados de la cual entonces el Gobernador(a) de turno se vea limitado a escoger”.

Mientras, la Administración de Tribunales, en ponencia firmada por la jueza administradora, Isabel Llompart, se abstuvo de proponer mecanismos para seleccionar los jueces, pero objetó la resolución que propone cambios en la Constitución, por carecer de soluciones concretas y mantener además una diferencia entre el método de selección entre los jueces del Supremo y los demás.

"Tal y como está redactada la Resolución Concurrente de la Cámara 7 someterá a los jueces y juezas del Tribunal Supremo, y a los jueces y juezas de Tribunales de inferior jerarquía a distintos regímenes de selección sin esbozar una justificación expresa para ellos o un razonamiento lógico que se desprenda de la iniciativa legislativa”, indicó.

Criticó además que esta propuesta “dejaría también la designación de los jueces y juezas del Tribunal de Apelaciones y del tribunal de primera instancia a lo que se provea mediante legislación especial siempre que en tal designación no intervenga la rama ejecutiva, ni legislativa”.

El exjuez Ángel Hermida, por su parte, reiteró su propuesta para que se enmiende la Constitución para reconformar el Tribunal Supremo, que aseguró fue “secuestrado por el Partido Nuevo Progresista durante el pasado cuatrienio, y para establecer que los jueces de los demás tribunales, una vez confirmados, mantengan su continuidad”.

Al presentarse a la audiencia legislativa, recomendó igualmente la creación de un Comité Asesor de Nombramientos Judiciales que hará recomendaciones al gobernador para los nombramientos de todos los jueces, disponiéndose que “nadie podrá ser nominado por el para ningún puesto de juez sin que tenga una recomendación” de dicho comité.