Buscaban menos recortes, y les anunciaron más.

Los recortes presupuestarios en la Universidad de Puerto Rico para el próximo año fiscal ya estaban anunciados por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

La UPR deberá ajustarse a $149 millones, pero ayer, en una reunión con varios de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), los estudiantes fueron informados de que esa cantidad podrá aumentar a $200 millones.

Así lo afirmó Wilmarí De Jesús, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) ante preguntas de este medio. 

“Ellos nos indicaron, de hecho, que (el recorte) podría elevarse a $200 millones en este primer año y la pregunta es cómo vamos a hacer un recorte de esta magnitud si ni siquiera sabemos cuál es el impacto que va a tener”, afirmó la estudiante de economía.

En la reunión estuvo presente la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko; el presidente José Carrión III, Ana Matosantos y David Skeel.

A su salida de la reunión, Carrión indicó que el recorte de $450 millones en cinco años (54% del presupuesto de la UPR) “no estaba en manos de la junta, sino del Gobierno”. 

Una vez más se echó a rodar la papa caliente de los recortes, que ni la JSF ni el gobierno central quieren asumir.

“El recorte que ellos (la junta) decían que tenía que ocurrir era de $450 millones”, respondió más tarde el gobernador Ricardo Rosselló a preguntas de la prensa.

“El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal fue claro en que los recortes de $450 millones no iban a cambiar”, añadió.

Mientras tanto, los estudiantes salieron de la reunión denunciando que los miembros del ente federal carecían de información precisa, así como estudios de impacto y viabilidad de los recortes.

“En una mesa como esta lo menos que podíamos esperar eran datos concisos y precisos por parte de la Junta de Control Fiscal que son los encargados de darle seguimiento al plan fiscal”, indicó De Jesús.

En horas de la mañana un grupo de estudiantes y manifestantes detuvieron el tránsito frente al edificio Seabourne, donde ubican las oficinas de la JSF en la Milla de Oro en Hato Rey, para piquetear.

Primera Hora supo que los dos puntos de mayor discusión y, quizás, tranque, son el periodo de un año en el que inicialmente acordaron que no habría aumento de matrícula, ni se tocarían las exenciones, así como garantizar que no habrá sanciones y acciones disciplinarias contra quienes participan del proceso huelgario. 

En este último punto, la propuesta de la administración es que no se puede ofrecer tal garantía a quienes se demuestre que cometieron delito, según el mismo documento que contiene los primeros preacuerdos.

El periodo de un año de pausa a los aumentos serviría para evaluar y desarrollar otras medidas de ingreso de fondos a la UPR.

Ayer discutieron la contrapropuesta del Comité Negociador Nacional (CNN), compuesto por profesores, estudiantes y empleados de los once recintos, aunque la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) anunció el pasado lunes que se retiraría del proceso.

La mesa de negociación, llamada Comité de Diálogo Institucional (CDI), fue convocada y dirigida inicialmente por Carlos del Río, quien renunció a su puesto como vicepresidente de la Junta de Gobierno, pero el rector del recinto de Humacao, José Encarnación, quedó a la cabeza, confirmó Mikael Rosa Rosa, estudiante miembro del Comité Negociador Nacional.

En jaque cualquier acuerdo

La Junta de Gobierno de la UPR en pleno deberá pasar juicio sobre lo convenido, pero hay un pequeño problema: con tres renuncias que se dieron el martes, el cuerpo queda con seis miembros cuando el quórum es ocho.

El Gobernador nominó al profesor Walter Alomar y a la abogada Zoraida Buxó, pero aun deben ser confirmados por el Senado.

Hasta entonces no habrá quórum, no se podrán certificar los acuerdos si finalmente llegan hoy a un consenso.

Los estudiantes de Río Piedras se reunirán hoy a las 4:00 p.m. en asamblea general donde se espera que se discuta continuar o no con la huelga.