El Departamento del Trabajo apoyó hoy, viernes, un proyecto de ley que agregaría sanciones civiles a las penales que hoy aplican a los patronos que incumplan con el derecho de sus trabajadores a tomar vacaciones.

La medida es evaluada por la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro de los Empleados Públicos de la Cámara de Representantes, que preside el representante Jesús Santa Rodríguez, quien afirmó que el propósito de la misma es "asegurar que el derecho de los empleados a disfrutar de un periodo de descanso para reponer las fuerzas físicas y mentales agotadas en el periodo de trabajo, así como compartir ratos de tranquilidad y sosiego con sus familias, no sea interrumpido de manera arbitraria ni inesperada por parte del patrono".

El legislador agregó que la medida persigue evitar que dicha cancelación "promovida ilegalmente por éste (el patrono) represente una pérdida económica para el empleado afectado”.

La principal disposición de este proyecto es que obligaría a los patronos que cancelen o fraccionen las vacaciones de sus empleados sin que medie un acuerdo, a reembolsar los gastos en los que hayan incurrido éstos para la realización de su frustrado descanso.

Recordó el legislador que el derecho actual dispone penas criminales a los patronos violadores de estas leyes, pero no provee para el resarcimiento de naturaleza civil por daños o pérdidas por la inversión o gastos incurridos por el empleado para la realización de vacaciones que se vio obligado a cancelar por actuaciones ilegales de su patrono.

En ponencia escrita que presentó ante la Comisión, el secretario del Trabajo, Vance Thomas, endosó la medida y declaró que "el periodo de vacaciones le proporciona a los empleados un descanso que les ayuda a reparar las fuerzas que agota diariamente y les brinda la oportunidad de compartir con su familia un tiempo razonable".