Durante el día de hoy, la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y el propio Municipio de San Juan entablaron una demanda contra diversas agencias federales y locales para evitar que se asperje la capital y el resto de Puerto Rico con el pesticida Naled, que ya se encuentra almacenado en los muelles de dicha municipalidad.

De acuerdo con el documento, se busca que los demandados no prosigan con las intenciones de utilizar el químico, “que significaría un riesgo significativo al bienestar de diversas especies de peces, vida silvestre y plantas” e impedir que la CDC asperje el químico “sin primero estar en regla con las leyes ambientales y regulaciones” de la National Environmental Policy Act (NEPA), bajo la jurisdicción de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

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Entre los argumentos expuestos en el recurso legal se indica que “dentro del territorio del Municipio de San Juan hay diversos estuarios, aguas navegables y reservas ecológicas que sufrirán daño irreparable si la acción (de usar Naled) es avalada por los demandados”, y que tanto el municipio como Cruz tienen la potestad de demandar bajo los estatutos establecidos por leyes ambientales federales.

“La CDC es una agencia gubernamental federal que (…) podría hacer una aspersión aérea de diversos componentes tóxicos (…) conocidos como Naled y Naftalina. Es razonable suponer que la aspersión de estos componentes tóxicos sucederá en San Juan y alrededor de Puerto Rico”.

También se menciona al gobernador y las secretarias de las agencias estatales, así como a las corporaciones “A, B y C”, así como a “John Doe y Jane Doe” como responsables de los actos “de esta querella, cuyas identidades, al momento, se desconocen”.

La aspersión del Naled respondería a la emergencia causada en la Isla por la presencia del virus del Zika. En el documento legal se señala que la CDC actuaría con o sin el consentimiento o cooperación de los municipios, según una reunión efectuada el 23 de junio en San Lorenzo por funcionarios de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD). 

Se deja claro que Cruz y el Municipio, así como otros, se negaron a la aspersión de Naled, “basándonos en múltiples estudios que demuestran que la exposición (…) puede causar complicaciones respiratorias, náusea, dolores de cabeza, irritación en la piel y daño al sistema nervioso, entre otros” y que “posa un serio peligro para la salud en general del pueblo de Puerto Rico y el ambiente”.

En la última sección del documento indican que el recurso de auxilio solicitado busca que se declare a los demandados “en violación inminente a las (leyes ambientales) y les prohíban la aspersión aérea de Naled en San Juan”. También se solicitan los gastos de honorarios a testigos expertos y consultas a abogados según autorizadas por ley.