En medio de la disputa entre un grupo de alcaldes de ambos partidos y el gobierno central ante la congelación de los desembolsos por préstamos otorgados por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo esta tarde que el equipo financiero de Alejandro García Padilla no tiene credibilidad. 

"Aquí hay una cuestión de credibilidad. El equipo financiero de Puerto Rico ha perdido credibilidad y lo primero que uno tiene que tener para resolver este problema (fiscal de la Isla) es credibilidad. El equipo fiscal de Puerto Rico no la tiene", dijo Cruz ante periodistas al finalizar una conferencia de prensa sobre el zika. 

La primera ejecutiva de San Juan repasó una serie de iniciativas impulsadas por García Padilla durante el cuatrienio y que fueron presentadas al país como soluciones para una serie de asuntos, como la aprobación de dos impuestos al barril del crudo (crudita) para "salvar el BGF" y la reforma del Sistema de Retiro del Gobierno. 

"Y no se resolvió", dijo Cruz al recordar su oposición y la de otros sectores al Impuesto de Ventas y Uso de 16%.

Cruz forma parte de la Junta del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM), que la semana pasada aprobó desviar el dinero que depositan en el BGF producto de la recaudación del impuesto sobre la propiedad hacia la banca privada, específicamente el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR).

En este banco el municipio tiene depositados $16 millones. "Así que sigo pagando del BPPR", dijo.

Sin embargo, Cruz dijo que el Municipio de San Juan tiene depositados todavía en el BGF un total de $35 millones. Debido a que los municipios tienen que hacer una serie de pagos al gobierno central para asuntos como la reforma de salud y retiro (esta útlima partida de $4.3 millones) la posición de la alcaldesa es que saquen el dinero de ese pote.

"Cógelos de ahí", fue su expresión al describir esta práctica como "reciprocidad financiera".

No obstante, Cruz acusó a García Padilla, con la firma el viernes de una declaración de emergencia en el BGF, de actuar de manera ilegal al facultar a la gerencia del BGF a utilizar dinero propiedad de los municipios de manera ilegal. 

"Ellos no declaran una moratoria, pero sí declaran una en el pago que tienen que hacer a 77 municipios. Si diste un préstamo y no tenías el dinero para darlo, actuaste mal porque tienes que tener el dinero separado. El chavito del IVU es específico para unas cosas, que son seguridad, salud y disposición de basura. Usarlo de cualquier otra forma es una incautación sin el debido proceso de ley", dijo al acusar al BGF de "secuestrar" dinero de los municipios.

Cruz no quiso adelantar si evalúa acudir a los tribunales para retar la declaración de emergencia del BGF.