La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, reveló hoy que el municipio está cooperando con la solicitud de información que le hizo la Oficina del Contralor que investiga querellas relacionadas con el apoyo que el ayuntamiento le ha dado a actividades que repudian la Junta de Supervisión y Administración Fiscal que creó la ley federal Promesa.

“El municipio de San Juan ha cooperado y continúa cooperando; son muchos documentos porque no solamente se pidió sobre eso”, dijo la Alcaldesa durante una rueda de prensa en el Sector El Gandul en Santurce.

Detalló que también le solicitaron información relacionada con el apoyo que se le ha dado a otras causas, estas son: Clamor a Dios, los derechos de la comunidad LGBTT, Naled, IVA y Óscar López. “Lo que es importante de la petición de todos esos documentos es, mira la diversidad… En San Juan se respeta la diversidad de las voces… No es un capricho es un deber escuchar la pluralidad y la diversidad de voces en San Juan y tirarse a la calle a defender a los sanjuaneros”, apuntó.

La alcaldesa ha admitido anteriormente el uso de fondos públicos para apoyar las protestas en contra de la junta, amparada en una determinación de la legislatura municipal. Entonces no dijo cuánto se ha invertido, pero dio como ejemplo el gasto de unos $20,000 al ceder el coliseo Roberto Clemente para una asamblea de opositores a la junta. 

Cruz Soto destacó que “pedimos tiempo adicional para entregar todos esos documentos”.

Cuando se le preguntó si seguirá dando fondos para estas causas, la Alcaldesa dijo “que la premisa es equivocada porque nosotros nunca le hemos dado fondos. De manera prudente usamos recursos municipales como hoy para estos títulos de propiedad para ayudar a todo el mundo”.

Las expresiones de la alcaldesa se dieron durante la entrega de 15 títulos de propiedad en la comunidad El Gandul, en Santurce, desarrollada en terrenos privados y donde residen unas 7,000 personas, dijo.

En el 2003, bajo la administración de Jorge Santini, inició un proceso de otorgación de títulos de propiedad mediante la Ordenanza Núm. 21 que declaraba la necesidad de adquirir forzosamente dichas parcelas para segregar y entregar los títulos a las familias que construyeron sus casas. Pero solo se entregaron 34. “No se sabe por qué no se completó durante la pasada administración”, mencionó.

Los restantes 58, algunos de los cuales incluyen estructuras abandonadas, fueron identificados por la presente administración. De ese total, 20 solicitaron el título y hoy, miércoles, se entregaron 15, luego de que cumplieran con los requisitos.

“Ahora podrán pasarle algo a sus hijos”, destacó rodeada de los residentes.

Indicó que con los estorbos públicos se trabajará para poder desarrollarlos para la comunidad.

Una de las vecinas, Arabel Ureña, destacó que llevaba tiempo tratando de conseguir el título. “Hoy tengo mi propiedad”, expresó.